Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile
La magnitud de la crisis política y de orden público avanza con la progresiva erosión del Estado de Derecho y del entendimiento compartido de los rasgos mínimos de una democracia. Mientras las autoridades deliberadamente ignoran o minimizan el terrorismo en La Araucanía, la Convención Constitucional insiste en su desenfado autoritario.
El proceso constituyente, como ya se advierte, es solo una etapa más de la decadencia institucional y parte del peligroso derrotero totalitario que algunos privilegiaron para imponer sus ideas. A estas alturas, resulta obvio que este proyecto de nueva Constitución no será la solución que muchos anhelábamos, pues fue capturada por una radical política identitaria que arrasa con nuestro tejido nacional. El borrador que conocemos fracasó a la hora de recoger una amplia legitimidad ciudadana, limitándose a imponer normas y conceptos desde una trinchera ideológica y partisana.
El filósofo chileno Jorge Millas decía que gran parte de su obra estuvo dedicada a “pensar la peligrosa experiencia humana, vivir en sociedad y a recomendar algunas precauciones contra nuestra natural antropofagia...”.
Esas palabras parecen más vigentes que nunca, pues esa antropofagia se ha visibilizado en los ardides a los que apelan algunos constituyentes. La trampa y el resquicio legal han sido la regla general y no la excepción en este proceso. Se impulsan iniciativas en las comisiones de Armonización y de Normas Transitorias con las cuales se busca amarrar un texto constitucional pétreo, que no pueda ser objeto de modificaciones o reformas. Se idean mecanismos para “legislar” sin la participación del Congreso Nacional, utilizando decretos presidenciales que evocan modelos dictatoriales. Como corolario, existe un abierto intervencionismo electoral del gobierno que la Contraloría General de la República parece querer ignorar.
En el fondo, se pretende demoler toda la institucionalidad de la República. Estamos ante un indisimulado proceso revolucionario y, por lo mismo, el Poder Judicial se transforma en un obstáculo que hay que desmontar. Para ello se establecen sistemas diferenciados según el origen racial de cada ciudadano y se interviene la justicia políticamente. Incluso más, se suprime el recurso de protección que ha demostrado por más de tres décadas su eficacia a la hora de resguardar el ejercicio de derechos frente a los abusos de particulares y del Estado.
Estamos ante lo que Daniel Innerarity denomina “la paradoja del último vagón”. Con ella alude a un viejo chiste en el que las autoridades ferroviarias, tras descubrir que la mayoría de los accidentes de trenes afectaban especialmente al último vagón, decidieron suprimirlo en todos los trenes.
La Convención, como resulta obvio para quien lea el borrador de nueva Constitución, ha intentado suprimir nuestro último vagón, aquel donde viaja nuestro estado social y democrático de derecho.
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