Evitar la intromisión política en el nombramiento de jueces es fundamental para preservar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Sin embargo, ningún sistema es inmune a presiones e influencias por su solo diseño. De allí que llame la atención la premura con la cual muchos salieron a reflotar las propuestas de los fracasados proyectos constitucionales, a partir del morbo asociado al presunto contenido de los mensajes de Whatsapp del abogado Luis Hermosilla. Reapareció el oportunismo e infinita hipocresía que cada cierto tiempo exhibe el debate público nacional.
En efecto, a partir de hechos aislados que investiga el Ministerio Público, se intenta construir un relato enfocado en los espacios de opacidad presentes en nuestro sistema de selección de jueces, como si ellos estuvieran ausentes en otros modelos, o en la interacción de autoridades distintas a la judicatura. Es preferible singularizar al Poder Judicial como una forma de cauterizar las interacciones y el desenfado con que actúan en ocasiones otros poderes del Estado. Baste para ello solo recordar el patético espectáculo legislativo -no se me ocurre forma más educada de describirlo- con ocasión del nombramiento del fiscal nacional.
Cass Sunstein, quien ha explorado cómo la politización de los nombramientos judiciales puede influir en la independencia y la legitimidad del Poder Judicial, advierte que cuando los procesos de nombramiento se convierten en un campo de batalla político, la percepción pública de la imparcialidad judicial se ve comprometida, erosionando la confianza en el sistema legal. De allí el riesgo de abordar la problemática en base a opiniones populares y emociones efímeras en lugar de principios legales sólidos. Por lo mismo, las presurosas voces que ahora se levantan lejos de contribuir a una prudente reflexión sobre mejoras reales al actual sistema, deterioran la credibilidad en el mismo. Ello, obviando que detrás de muchas críticas al mecanismo de designación de jueces, solo hay un intento de unos por reemplazar a otros. En el fondo, hay algo lampedusiano en ello. Cambiar en apariencia todo, para no cambiar nada. Un pretexto para generar nuevas comisiones y nuevos cargos igualmente susceptibles de cooptación política.
Philip Roth en “La Mancha Humana” presenta un panorama de cómo el puritanismo moral y lo políticamente correcto pueden erosionar el Estado de Derecho. La historia de Coleman Silk, un profesor universitario acusado de racismo por una observación aparentemente inocua revela cómo la sociedad es rápida para juzgar y condenar a otros mientras ignora sus propias transgresiones. El escrutinio implacable a las acciones de los demás contrasta con la indulgencia hacia las propias faltas. Es esta doble moral la que socava nuestro Estado democrático de derecho, creando la actual atmósfera de desconfianza y división.
Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho U. de Chile
