Se cree que la máscara de Agamenón, rey de Micenas que lideró a los griegos durante la guerra de Troya, fue descubierta en 1876 por el arqueólogo Heinrich Schliemann durante sus excavaciones en el Peloponeso. Como toda máscara funeraria, una de sus funciones era disimular el deterioro de la imagen del portador frente a las vicisitudes del paso del tiempo.
Por lo mismo, el revuelo causado por la mera circunstancia que algunas editoriales, organizaciones gremiales, y académicos -entre los que me cuento- hayan llamado la atención sobre los defectos de la Ley de Delitos Económicos (LDE) aprobada por el Congreso Nacional, parece revelar que detrás del brillo de la máscara de oro de la LDE, se esconden razones mucho menos virtuosas que las que se esgrimen. No es baladí la simpleza discursiva que se emplea para cancelar las voces de quienes disienten. La idea que detrás de los cuestionamientos hay intereses espurios y el recurrente uso de falacias ad hominem para atacar a los mensajeros es burdo. También lo son las medias verdades que se arguyen como sostener que la ley no sanciona -o al menos agrava- la situación de gerentes y directores por el solo hecho de detentar sus cargos, sino que “por participar en la perpetración activa de un delito en una posición jerárquica superior en la organización”. Harían bien quienes así convenientemente lo entienden e informan (Matamala) en reproducir textualmente la norma, la que no habla de “perpetración activa de un delito”, sino que solo de participación activa en una organización. Es decir, exactamente en lo que consiste ejercer un alto cargo directivo. Jugar con las palabras en derecho tiene graves consecuencias, por lo que es preferible admitir que la casi unanimidad del Congreso Nacional no es sinónimo de infalibilidad. Es altamente probable que diputados y senadores se equivocaran en la redacción de la ley, lo que a estas alturas no sorprendería a nadie.
Además, llama la atención esta polémica, en momentos en que las verdaderas preocupaciones penales están en la vereda contraria. A los empresarios y quienes emprenden les han creado un catálogo apartado de reglas que intimidan a cualquiera, pero cuando se trata de quienes sustraen recursos con máquinas para defraudar al Fisco llamadas fundaciones se opta por hablar de errores administrativos, o según el contralor general de la República (anticipando juicio), que estos mecanismos serían legales, no dejando cabida a engaños y faltas de probidad. Nuevamente se demoniza a unos mientras a otros -las autoridades políticas designadas por mandato constitucional para velar por la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos- se los exculpa. Detrás del oro de la máscara de Agamenón es esto lo que se esconde. Y, por cierto, como la historia ofrece buenas analogías, no se debe olvidar que fue el ejército de Agamenón el que usó el famoso caballo de Troya.
Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Fac. de Derecho, U. de Chile
