En los últimos años Chile acumula problemas institucionales cada vez más profundos y difíciles de abordar. Con anterioridad he afirmado que en muchas dimensiones tenemos un Estado fallido y anómico, un Estado que carece de una sólida columna vertebral en sus instituciones fundamentales, que cada día pierde más control de su territorio, y en el que las normas jurídicas no se respetan. La crisis en materia de seguridad ciudadana es solo una manifestación de lo anterior.
A Stalin se le atribuye la frase “un muerto es una tragedia, un millón de muertos, una estadística”. Algo parecido puede decirse a estas alturas de los recurrentes hechos de delincuencia homicida perpetrada por organizaciones criminales nacionales e importadas. Son tantos los episodios extremos que el asombro inicial ha dado paso a una creciente naturalización de ellos. Presenciamos una violencia sistemática que, de no erradicarse, arriesga transformarse en endémica y que, por cierto, se erige en un problema esencial de nuestra democracia.
Sin embargo, la verdadera enfermedad proviene de nuestras más altas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Permea en ocasiones al Poder Judicial, y frecuentemente a instituciones autónomas como el Ministerio Público. Hay una negación deliberada del derecho. La “picardía criolla” para tratar de hacer letra muerta del voto obligatorio o fallos judiciales como aquel que declaró inadmisible una querella del INDH por perseguir delitos ajenos a los que autoriza su propia Ley 20.405 o aquel que estimó ilegal y arbitraria una circular del director del SII para aplicar un impuesto adicional a bebidas analcohólicas, reflejan la crisis del Estado de Derecho en Chile. Se repite un patrón de conducta: quienes ejercen o detentan ciertas competencias por mandato de la Constitución y la ley, exceden el ámbito de ellas y se arrogan facultades que no tienen. En el fondo, cada uno es un pequeño tirano, que, en su espacio de poder, olvida todo límite.
Por lo mismo, la vieja interrogante de Kant ¿quid ius?, ¿qué es el derecho?, está más vigente que nunca. En tiempos en que se impone el oportunismo y la conveniencia residual para legislar, sin que el derecho reclame ni verdad ni sabiduría ni justicia, es necesario reaccionar. Los actos y definiciones políticas tienen consecuencias. En el caso de Chile el intento golpista de 2019 y el desenfreno con el cual la entonces oposición condonó la violencia y enfrentó al gobierno, socavó las reglas democráticas que daban estabilidad. El derecho no es una mera expresión de formalidades legales que impera allí donde existe o es posible un conflicto, sino que define los cimientos sobre los que se asienta el desarrollo de un país. Solo su vigencia y la consiguiente seguridad jurídica propia de establecer cómo cada cual debe comportarse aseguran la paz y orden que la ciudadanía necesita.
Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho U. de Chile
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