En mayo del año 2022, Chile se convirtió en el segundo país de la región con más ataques terroristas (detrás de Colombia), de acuerdo con el Índice Global de Terrorismo. Ahora, a ese problema le sumamos el de la inseguridad. No hay reunión social ni conversación, ni programa de radio o televisión donde el tema de la delincuencia no esté presente o se mencione. No hay persona que no haya alterado sus hábitos de traslado o incluso rutinas por este mismo motivo, y casi todos tenemos miedo. Pero ya no se trata solamente de una sensación sino de una realidad. Basta solo con saber que, durante el fin de semana del 14 de julio, 18 personas fueron víctimas de homicidios en la Región Metropolitana para darse cuenta de cómo se ha deteriorado Chile en materia de seguridad en los últimos tiempos. Todo esto en un momento en que la economía está muy débil.
No es fácil determinar los efectos causales entre delincuencia y actividad económica, pero la evidencia empírica muestra que el crecimiento reduce la delincuencia y a su vez, una disminución de la delincuencia se traduce en un mayor impulso. Existen además factores tales como la solidez del Estado de derecho, que afectan tanto a la actividad económica como a la delincuencia y por lo mismo, reforzarlo, permite combatir la delincuencia y estimular el crecimiento. Quizás parte de la explicación del deterioro actual radica en los golpes que ha sufrido el Estado de Derecho en los últimos años.
En un estudio reciente el FMI estimó que, en América Latina, un aumento de una desviación estándar histórica de la delincuencia reduce el crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales. Y la razón es clara: la inseguridad constituye un freno a la acumulación de capital al afectar las decisiones de inversión y disminuye la productividad dado que los inversionistas y familias privilegian gastos en seguridad de las viviendas. En el caso de Chile, Clapes cuantificó el costo económico de la delincuencia durante la última década. Dicho estudio consideraba varios tipos de costos relacionados con el crimen, tales como los gastos en seguridad, en seguros y tratamientos médicos de las víctimas, así como el ingreso laboral perdido de afectados y reclusos, y el costo de las muertes debidas al crimen, entre otros. Las estimaciones de Clapes ubicaron al costo económico del crimen en el país en 2,1% del PIB cifra que fue 46% superior a la de 2013. El estudio de Clapes también mencionaba la importancia creciente del gasto en seguridad por parte del sector privado, lo que hace pensar en menor productividad. Finalmente, dicho estudio también dejaba en evidencia el aumento sostenido del costo del crimen como porcentaje del PIB a lo largo de los años y destacaba la necesidad de reevaluar las políticas de seguridad centradas en estrategias de prevención y respuesta más efectivas.
No hay por donde perderse: combatir la delincuencia, no solo mejoraría la seguridad pública, sino que además es clave para apuntalar el débil crecimiento del país en este momento.
Por Gabriela Clivio, economista y académica
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