Como consecuencia del apagón que nos afectó durante varios días a muchos de nosotros hace un par de semanas, han sucedido en Chile algunos fenómenos bien curiosos. El primero de ellos, tiene que ver con el resurgimiento de la vieja idea o mito del “Estado emprendedor”. El otro es que casi nadie recordó que, además de Enel, existía otra empresa de distribución eléctrica con más clientes que Enel llamada CGE, que ahora se encuentra en poder de una empresa estatal china, cuyo presidente del directorio es el ex ministro de Hacienda y también “experto” en educación Nicolás Eyzaguirre.
Pero volvamos al tema del “Estado emprendedor”. Como solución a la mala atención al cliente y a los peores tiempos de respuesta de Enel frente al temporal, el ministro de Energía planteó la creación de una empresa estatal que estuviera a cargo de este servicio, llegando incluso a mencionar a modo de ejemplo que “hay muchas empresas de distribución en el mundo que son 100% públicas”. En el fondo, eso es lo que hay detrás de las reformas que se han empujado en los últimos años, un deseo de una mayor presencia estatal, lo cual se ve en las reformas de salud y previsional. Esta propuesta supone que, por un lado, el Estado cuenta con los recursos necesarios para hacer la inversión; en segundo lugar, que maneja estos recursos de manera eficiente y, en tercer lugar, que tiene los conocimientos para hacerlo. Dejémonos de imaginar universos paralelos y observemos la realidad que tiene datos de sobra para ponerle pie a tierra a esta fantasía.
En primer lugar, el Estado no tiene recursos propios, ya que se alimenta de aportes privados a través de impuestos. En un país donde la tasa de informalidad es cercana al 30%, la carga tributaria que soporta la economía formal es superlativa. Parte de las bajas tasas de reemplazo en las pensiones radica justamente en la gran informalidad de la economía, pero no quiero centrarme en esto ahora. Siempre hay quien podrá decir que se pueden subir los impuestos para financiar mayor gasto público, pero nadie se detiene a mirar si este es eficiente. Lo anterior, lo podemos ver al analizar el Informe de Resultado de monitoreo que publica la Dirección de Presupuestos (Dipres). En el año 2023, el total de gasto vinculado a programas sociales y no sociales se ubicó cerca de los US$ 40.000 millones, representando un 12% del PIB y un 45% del Presupuesto de la Nación repartido en 689 programas. De acuerdo con los criterios de priorización y focalización, un 26% de los programas estuvo mal evaluado. Es cierto que no todos ponderan lo mismo, pero un 26% del 12% del PIB equivale al 3% del PIB, es decir, casi el triple del adicional recaudado por la reforma tributaria del año 2014, que señaló el fin del principio y ni que hablar del fallido negocio estatal de la distribución de balones de gas.
Por Gabriela Clivio, economista y académica
