En uno de sus tantos escritos el sociólogo francés Pierre Bourdieu señala que “no se puede jugar con la ley de la conservación de la violencia: toda la violencia se paga… La violencia estructural ejercida por los mercados, en forma de despidos, pérdida de seguridad, etc., se ve equiparada, más tarde o más temprano, en forma de suicidios, crimen y delincuencia, adicción a las drogas, y un sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana”.
Al parecer, ya no es posible esconder las externalidades negativas de un modelo productivo, centrado exclusivamente en maximizar las utilidades y reducir sus costos. Los guetos que por años se concentraron en la periferia hoy se yerguen en Alameda con General Velázquez; los “rucos” que por décadas se ocultaron bajo suelo o puentes, se exhiben a pocos metros de La Moneda; los delitos violentos más gravosos, que por su excepcionalidad y rareza nos conmocionaban como país, hoy pueden darse a plena luz del día, a vista y paciencia de todos.
La violencia ha desbordado los márgenes, y hoy el Centro de Santiago concentra diversas expresiones locales de fenómenos y amenazas globales, que no pueden ser abordadas con acciones sectoriales o puntuales. La imagen de dos menores de edad amenazando a otros para vender junto a su madre productos de forma irregular, da cuenta de un complejo entramado de vulneraciones y violencias, que no se pueden consentir o tolerar, pero tampoco desplazar o contener en instituciones como Sename o en la cárcel.
El reconocimiento de la diversidad no puede implicar la renuncia a las normas colectivas que cimentan la convivencia. La vieja idea de la “conciencia colectiva” parece ser más necesaria que nunca. Pero, ¿cómo se construye comunidad en una sociedad acostumbrada a privatizar y judicializar sus conflictos? ¿Cómo garantizar el orden y, a su vez, promover las libertades? Son algunas de las interrogantes que debiesen iluminar un debate de fondo, que se sitúe por sobre las recriminaciones cruzadas de los gobiernos de turnos. El fracaso es estrepitoso y sus razones de larga data, desde las políticas de segregación urbana afianzadas en los 90, el deterioro de la educación pública, la deserción escolar, el descuido de los espacios públicos, la proliferación del comercio ambulante, la migración no regulada, el malestar subjetivo, etc. todo esto agudizado por el estallido y la pandemia.
Se trata de un fracaso de Estado y su consecuente repliegue, pero también de una sociedad que ha renunciado por momentos a lo público o que lo ha instrumentalizado como un espacio de resonancia de sus demandas individuales. Por eso urge un modelo de gobernanza urbana, que articule y promueva la convivencia y que responda integralmente a los factores que subyacen a las diversas manifestaciones de las violencias. Un modelo que no agudice las desigualdades.
Las referencias abundan, planes integrales de recuperación de centros históricos como el de Lima, el de Zacatecas o en su momento el de Quito, evidencian la necesidad de intervenciones integrales y un pacto público-privado-comunitario. El copamiento policial puede ser efectista pero limitado, la inseguridad rebasa las estadísticas policiales y ya no es posible gobernar administrado contingencias, es necesario algo más, un relato que movilice, sume y convoque.
Por Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana Universidad Alberto Hurtado
