Columna de Giorgio Jackson: Cubillos, la libertad y el mérito
Las universidades no son empresas. Deben constituirse como organizaciones sin fines de lucro y sus estatutos deben cumplir varios requisitos para obtener reconocimiento oficial y poder recibir donaciones sujetas a exenciones tributarias. También deben cumplir un proceso de acreditación para recibir fondos del Crédito con Aval del Estado y tienen la obligación de gastar sus recursos para mejorar la calidad de la educación que imparten. Esto último es particularmente sensible cuando los traspasos son con personas relacionadas a directivos o controladores de la institución, exigiendo que dichas operaciones sean bajo precios de mercado.
Es decir, no pueden gastar la plata “como quieran”. Es tan así, que la ley establece que “el que administrando a cualquier título los recursos o excedentes de la institución de educación superior los destine a una finalidad diferente (...), estará obligado a reintegrarlos”. Así, las universidades —por privadas que sean— se rigen por lo que podríamos denominar un régimen de lo público. A esto se suman los millonarios traspasos fiscales que llegan año a año de becas o del CAE, sin los cuales sería imposible la sustentabilidad de muchos proyectos educativos.
Sin embargo, una filtración de la Universidad San Sebastián dio a conocer que la abogada y candidata Marcela Cubillos habría sido contratada desde su salida del gobierno del expresidente Piñera hasta agosto de este año, y que su sueldo ascendía a 17 millones al mes por una jornada part time. Tras el revuelo, la abogada acusó que las críticas eran “un atentado muy fuerte a la libertad” por parte del “el octubrismo y la izquierda”.
Diversos actores del mundo académico se han referido con estupor al caso y hasta ahora nadie ha podido dar un ejemplo de docente mejor pagado en Chile. Pero la candidata Cubillos argumentó que su “buen sueldo” se trataría del valor que la institución y sus directivos ven en ella. “¿O acaso la izquierda debe fijar mi sueldo?”, respondió enojada.
De esta forma, se sigue que el resto de la planta académica de la USS, cuyo sueldo mensual promedio como Jornada Completa Equivalente es de $ 2.260.000, no agregarían el mismo valor que ella, en cuyo caso asciende a la suma de las mensualidades de 26 estudiantes de Derecho.
No era de esperar que su currículum académico fuera escrutado, buscando justificar ese valor agregado. Licenciada en Derecho UC en 1990, obtuvo su título de abogada el 2007. Hizo clases en la misma casa de estudios entre 1995 y 2001. No tiene magíster ni doctorado. No tiene publicaciones académicas. Ante la ausencia de credenciales, Michelle Labbé, académica de la USS, apoyó a Cubillos argumentando que su sueldo se justificaba por su rol de “influencer”: “Es un rostro de la universidad, gústele a quien le guste”, calificando de envidiosos a quienes la criticaban.
Pero aparecieron nuevos “octubristas”. Estudiantes reclamaron que había vidrios rotos en algunas sedes, o que había baños sin agua, por lo que la situación les parecía indignante. Otros dijeron que llevaban años estudiando y nunca la habían visto en el campus. Otros académicos, como Cristóbal Bellolio, apuntan a la junta directiva, quienes en caso de creer realmente que el valor académico de Cubillos es de ese monto, “no deberían administrar una universidad. Se deberían dedicar a otra cosa”. La diputada Ossandón (RN) sumó que era sabido en su sector que “cualquier persona que quedaba dando vueltas terminaba en la USS”.
A medida que la crítica se hacía más transversal, Cubillos advertía que “quien crea que hoy día puede mirar desde el palco porque es otra persona la afectada, después no lloremos”, apuntando al silencio que mantenían desde el sector de la derecha, desde el líder republicano Kast hasta sus excolegas ministros, hoy candidatos a municipios emblemáticos, como Sichel, Desbordes, Rubilar o Bellolio, quienes, uno supone, buscan mantenerse al margen a menos de un mes de los comicios.
Fueron las directivas de los partidos de Chile Vamos quienes rompieron ese silencio, calificando sus remuneraciones como “demasiado altas” y emplazando a la USS a dar explicaciones. “Que partan por preguntar a la USS y a todas las universidades privadas por los sueldos de los militantes de la UDI que ocupan cargos directivos”, respondió, anunciándoles que, si no aceptan que defender su sueldo equivale a defender la libertad y el mérito, no caerá sola.
Los conceptos de libertad y meritocracia ¿se juegan en el sueldo part time de 17 millones de Marcela Cubillos? La derecha tiene la palabra.
Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.