Por Gloria de la Fuente, cientista política.
En las últimas semanas, previo al comienzo oficial de la campaña para el plebiscito, hemos visto una acción relevante de autoridades locales desplegadas ya sea en campañas informativas o, directamente, manifestando una posición. Hay quienes han decidido salir de su entorno territorial, con un permiso sin goce de sueldo, a hacer campaña a favor de la alternativa del “Rechazo”, como los alcaldes de Providencia y Puente Alto, mientras otros han sincerado su opción por el “Apruebo” o el “Rechazo” en distintas intervenciones públicas o han organizado jornadas informativas para la comunidad. Lo anterior ha causado cierta polémica porque ha sido el propio contralor el que decidió solicitar se instruya un procedimiento disciplinario en los municipios denunciados, y los alcaldes aludidos, más otros, incluyendo la nueva presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, solicitaron reconsiderar la medida.
No es primera vez que la Contraloría se pronuncia cuando existen procesos eleccionarios. En cada ocasión, el debate ha sido más o menos el mismo, por lo que da la impresión de un déjà vu. No obstante, es importante reconocer que las disposiciones de la Contraloría, en base a la normativa vigente, son claras respecto a la prescindencia de las autoridades y funcionarios públicos sobre la participación en actividades políticas y de campaña. Ellas se pueden realizar fuera del horario de trabajo y jamás utilizando recursos públicos. Eso es parte de la norma de probidad administrativa que indica que los funcionarios y autoridades deben “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”. Otra cosa es la libertad que pueden tener personas con alta figuración y valoración pública, para pronunciarse en uno u otro sentido, cuestión que también ha señalado el propio ente contralor.
El alegato de las autoridades locales no ha ido en esa línea y se basa más bien en que se ha cuestionado que esté dentro de las facultades de los municipios realizar campañas de difusión para promover el voto informado. Ahí la Contraloría ha marcado su postura señalando que esto estaría fuera de sus competencias y que las municipalidades deben dedicarse a las tareas que les encomienda la ley. El debate no se ha zanjado y probablemente requerirá un nuevo pronunciamiento en los próximos días, especialmente porque han sido muchos los alcaldes que se han manifestado contrarios a esta posición.
Sin perjuicio de lo anterior, y más allá de los argumentos jurídicos y eventuales cambios futuros a la norma, que precise los alcances de lo que se entiende por “campaña informativa”, lo cierto es que los alcaldes -independiente de su color político- han sido un puntal fundamental para encontrar caminos de salida institucional a la crisis política y social que se produjo tras el estallido social. De hecho, fueron los propios ediles los que promovieron en primera instancia un plebiscito comunal, que quedó finalmente superado por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Fueron ellos también quienes alertaron de los propios malestares en las comunas y barrios, intentando interpretar las causas de la crisis social y son quienes posteriormente tuvieron un rol relevante en pandemia, para representarle a la autoridad nacional las complejidades de enfrentar la pandemia a nivel local.
No es claro cómo finalmente se resolverá jurídicamente la posibilidad de que los alcaldes puedan promover el voto informado. Lo que sí es cierto, es que su capacidad para leer la realidad y ser la cara visible del Estado, es un activo importante de la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y eso, es para la democracia, un activo fundamental.
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