Columna de Gloria de la Fuente: Convicciones y coherencia democrática

El debate instalado en los últimos días, a propósito de la transición al nuevo texto constitucional, tiene aspectos interesantes de analizar. El más relevante tiene que ver con la posibilidad de que la legislatura actual pueda reformar o precisar algunos aspectos del texto constitucional. Hay quienes se han opuesto a que existan alternativas de cambio antes del 2026, que es cuando cesa en funciones el actual Congreso, para dejar todo a la nueva institucionalidad; otros que señalan que, de ser posibles reformas por el actual Congreso, estas debieran hacerse por quórum supramayoritarios, igual a los 2/3 que se ha dado la Convención para llegar a acuerdos, y un tercer grupo señala que es preciso corregir este elevado quórum, fijando el que establece la propuesta de reforma constitucional en el borrador actual. La discusión es interesante no tanto desde el punto de vista de la técnica constitucional, como del debate político que deja ver y que será preciso dilucidar de cara al proceso que viene.

Desde el punto de vista del debate de la Convención y de la técnica constitucional, habrá que ver si se aprueba la posibilidad de reforma para la actual legislatura, qué materias quedan fuera (como la señalada en el artículo 78 del actual borrador) y cuál es el quórum para que ello ocurra. Todo ello, en sí mismo interesante, será decisión soberana de los convencionales en estos días.

Desde el punto de vista político, sin embargo, el debate que se ha abierto levanta una serie de cuestiones sobre las cuales hay que estar alertas, porque el camino de transformación institucional que aún queda por recorrer será bastante largo y sería mala noticia vernos empujados como país a actuar de forma inconsecuente con las convicciones y coherencia democrática que nuestro sistema requiere para construir futuro.

Con lo anterior me refiero específicamente al cuestionamiento que se ha hecho sobre la legitimidad del actual Parlamento para impulsar reformas o hacer precisiones al texto constitucional, lo que equivale a cuestionar su legitimidad democrática. Una cuestión inaceptable si se considera que este Congreso fue electo con posterioridad a que se iniciara el proceso constituyente y de cara a las reglas electorales actualmente vigentes, en un sistema que, con sus defectos, nadie pondrá en duda que se trata de una democracia. Intentar levantar toda serie de resquicios para evitar el ajuste a un texto que, por cierto, no es infalible, es el equivalente a aquello que llamábamos “democracia tutelada” o de “cerrojos” que tanto criticamos en el pasado. Nos podrán gustar o no los representantes que tenemos, pero son ellos y no otros los elegidos soberanamente para poder legislar.

Digámoslo, además, con todas sus letras. Estas convicciones poco democráticas y excluyentes son una amenaza para la propia campaña del Apruebo, porque rigidiza en extremo la propuesta y establece una suerte de nueva fractura entre “leales” y “no leales”, una especie de “test de la blancura” que inhibe toda posibilidad de discusión. Muchos de los que hemos leído el texto valoramos varias de las cosas que ahí se han dispuesto, pero hay otras que nos merecen dudas, requiriendo precisiones. Decir que todo está escrito en piedra es equivalente a decir que la propuesta constitucional es perfecta y los constituyentes infalibles, cuestión que evidentemente no es así. La democracia será siempre un régimen en permanente construcción, que requiere mirarse y transformarse bajo reglas de mayoría que respete a las minorías.

Como decía un conspicuo convencional (partidario de limitar las reformas por parte del actual Congreso), “la Constitución debe ser juzgada por su actitud para servir a lo que se esperaba de ella, que era ser un camino de salida a una crisis profunda”. Sería deseable que, preso de sus propias palabras, se asuma que las convicciones democráticas son permanentes y no a conveniencia.