Por Gloria de la Fuente, cientista política, Escuela de Gobierno UC.
Más allá de la evidente crisis de la democracia representativa, en especial en el ámbito nacional, lo cierto es que hay espacios y pilares de la democracia que es responsabilidad del conjunto de la ciudadanía cuidar, porque en ello se juega su destino. Es el caso de la polémica que se ha suscitado por la desconfianza que han planteado algunos actores en los resultados electorales y el rol del Servel. Más aun cuando se trata de una institución que tras la intensidad electoral de 2021 ha obtenido un 63% de evaluación positiva según la encuesta Pulso Ciudadano de abril de 2022.
Las acusaciones son graves, más aún cuando se realizan sin evidencia alguna que las sustente. El cuestionamiento sobre la existencia de muertos en el padrón que busca poner en cuestión los resultados electorales mediante la posibilidad de un supuesto fraude es de aquellas cosas que es relevante combatir. En efecto, las elecciones en democracia son de aquellos pilares que es preciso cuidar y en nuestro país estas gozan de una impecabilidad que ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente, no sólo por la institución que organiza las elecciones, sino por el procedimiento mismo, que evita la posibilidad de fraude, como la calificación de las mismas, que depende del Tribunal Electoral.
El Servel ya ha explicado en reiteradas oportunidades que el padrón se cerró en el mes de mayo y es probable que, en consecuencia, muchas personas fallecidas en este periodo estén en el padrón. Pasa también con las personas que ya hace muchos años son sujeto de desaparición forzada y, por cierto, aquellas personas muy mayores que no han concurrido a votar y que puede que eventualmente estén fallecidas. Lo grave sería que en cualquiera de esos casos el fraude se produjera por suplantación de identidad, cuestión que en Chile es difícil que ocurra por los múltiples controles que existen y, menos aún, que ello dé lugar a un fraude masivo.
La estrategia es de manual, es aquello que se llama misinformation o malinformation. Esto es, difundir información falsa o una interpretación antojadiza de la realidad que finalmente termina contaminando el debate público. Vimos este mismo tipo de maniobras en la última elección de Estados Unidos de parte del entonces Presidente Trump y sus partidarios, y cómo ello terminó con el asalto al Capitolio, que dejó personas muertas, heridas y detenidas. Por cierto, la libertad de expresión es un valor en democracia, pero supone la responsabilidad de los actores públicos de recurrir a los canales institucionales si existe presunción de fallo, y pruebas de aquello.
Es difícil juzgar las intenciones tras aseveraciones de estas características. El asunto importante es que la emergencia de este tipo de fenómenos es una mala noticia para un sistema político que tiene todavía un proceso largo por delante para lograr generar su nuevo pacto social, que requerirá, por cierto, una capacidad relevante de entendimiento de las fuerzas políticas y consensos en la ciudadanía. Es importante, por ello, cuidar el debate público, generar condiciones para hacer exigible la responsabilidad en el mismo y propiciar consensos transversales sobre aquellas cosas que son, simplemente, inaceptables.
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