Por Gloria de la Fuente, cientista política.
En los próximos días, nuestro país entrará de lleno a uno de los momentos de debate más relevantes de su historia. La Convención Constitucional entregará el producto de su trabajo de un año y se iniciará el debate de la propuesta para una nueva Constitución. La discusión volverá a la ciudadanía, única soberana de un proceso que sólo le pertenece a ella y que dará su veredicto en las urnas.
Llegar hasta acá no ha sido fácil. Con razón, probablemente, hay sectores excluidos que han visto en este proceso la oportunidad de levantar una serie de reivindicaciones postergadas hace mucho tiempo y que el sistema político no fue capaz de procesar. Fue así que la crisis política y social que derivó en el estallido, trajo posteriormente un acuerdo político bastante transversal (los que se quedaron abajo al principio o miraron esto con reticencia, se sumaron después) y estamos hoy ad portas de abrir una discusión significativa que tendrá su punto cúlmine el próximo 4 de septiembre, abriendo una nueva etapa en la historia republicana de nuestro país.
En tal cuadro, vale la pena no sólo calmar los ánimos y mirar con perspectiva la propuesta para la nueva carta fundamental, sino que también, iniciar un análisis ponderado de la historia que nos trajo hasta acá y que nos hará construir el país del futuro.
“No son 30 pesos, son 30 años”, decía la consigna en la calle que levantó el estallido social. Si miramos de manera menos destemplada el devenir de la historia de nuestro país, es necesario considerar que el juicio de los 30 años requiere un análisis más ponderado. Ni se trata de los 30 años más oscuros de Chile, ni tampoco se puede refundar un país de cero. En ello, las señales de los últimos días parecen, desde el punto de vista político, traer nuevamente el debate a la sensatez. Por una parte, el Presidente de la República ha hecho un gesto al expresidente Ricardo Lagos, reuniéndose con él y señalando la importancia que tiene aprender de la historia y sus vicisitudes. Del mismo modo, la comisión de Preámbulo de la Convención, aprobó en el pleno esta semana un texto sobrio, alejado de la alusiones octubristas, quiero creer, porque ha primado el buen juicio de entender que la historia del proceso constituyente no empezó con el estallido ni el acuerdo del 15 de noviembre, sino que con la necesidad de construir un nuevo pacto social que se venía fraguando hace mucho tiempo y no es privativo de ningún sector en particular. De hecho, tanto es así que incluso aquellos sectores defensores de la Constitución del 80, hoy se manifiestan abiertamente por la superación de ese texto y promueven su reforma posterior en una curiosa apuesta en el plebiscito por el rechazo.
Un debate ponderado en los próximos meses deberá atender más, desde el mundo político, aquello que la ciudadanía ha expresado con claridad en la encuesta CEP, la necesidad de alcanzar acuerdos. Todo ello, por lo demás, más necesario que nunca en un escenario para el debate que estará cruzado por un una crisis económica relevante, por una creciente sensación de inseguridad y por una pandemia que aún no termina.
Este nuevo pacto social en construcción, donde el plebiscito sólo será un hito más dentro de un largo proceso, requerirá altura política, responsabilidad y entendimiento. Nuestra dolorosa historia de vencedores y vencidos, que ha traído múltiples fracturas sociales, requiere que seamos capaces de tener el coraje suficiente para defender siempre la vía democrática y el diálogo, teniendo la suficiente humildad para entender que nadie es dueño de la historia, porque esta la escriben los pueblos.
