Los múltiples incendios que hemos visto este verano constituyen una tragedia que está aún lejos de terminar, los más de 20 muertos, familias que han perdido todo y cientos de hectáreas agrícolas y forestales destruidas nos recuerdan que, incluso más allá de la necesidad de perseguir la responsabilidad penal de aquellos siniestros que han sido provocados (25% de acuerdo a las cifras de la autoridad), estamos frente a una situación mundial de cambio climático que desafía la capacidad del Estado y la apertura de distintos actores de colaborar frente a un escenario que ha llegado para quedarse. En tal sentido, tanto las encuestas como la opinología de turno, que ha sido muy dura con la acción gubernamental, nos hace resonar ese viejo adagio popular que señala “palos porque bogas y palos porque no bogas”.
Si es excesiva o inexistente la presencia de ministros en terreno, si la asistencia a los damnificados ha llegado a tiempo, si el Presidente de la República ha abrazado demasiado a las víctimas o ha ejercido la autoridad a la altura del desafío son de las cosas que se escuchan por estos días. El dilema es que ninguno de estos análisis colabora de manera adecuada a entender e identificar con claridad los desafíos de corto, mediano y largo plazo, que es en definitiva lo que debiera alertar sobre nuestra capacidad como país y como Estado para hacer frente a una amenaza que seguirá latente en Chile y en el mundo, aun cuando la emergencia haya pasado.
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente proyecta que los incendios extremos podrían ser más frecuentes e intensos, aumentando un 14% para 2030, un 30% para 2050 y un 50% para 2100. El mismo informe realiza un llamado a los países a generar un cambio radical en las inversiones que se hacen en prevención y preparación, instando a poner el foco ahí más que en lo habitual, aunque importante, que es la capacidad de respuesta cuando el siniestro ya se ha desatado. Del mismo modo, insta a los distintos actores a comprometerse de forma decidida a la lucha contra el cambio climático.
Lograr apagar todos los focos de incendio e iniciar, al mismo tiempo, la reconstrucción son parte de las urgencias insoslayables de este periodo, sobre las cuales la autoridad ya ha dado señales. No obstante, lo más importante hacia el futuro, cuando las cámaras de televisión se apaguen y la atención esté puesta en otros temas, será la necesidad de enfrentar con decisión las amenazas que se ciernen en un mundo incierto, donde este tipo de situaciones serán parte del escenario que no sólo la institucionalidad debe enfrentar a través de más y mejores políticas públicas, sino que también los propios actores privados y las comunidades. ¿Están nuestras instituciones preparadas para enfrentar estos desafíos? ¿Existe la altura de miras suficiente del mundo político para abordar los debates sustantivos y evitar la mezquina opción de sacar ventaja política de una tragedia? ¿Están los actores del mundo privado disponibles para buscar nuevas formas de proteger la biodiversidad? ¿Es posible que las comunidades se comprometan con el cuidado del medioambiente?
Sólo el futuro nos ayudará a realizar una evaluación ponderada del compromiso de cada cual y saber, en definitiva, si somos capaces de sacar lecciones y tomar acciones de tragedias que esperamos no se vuelvan a repetir.
Por Gloria de la Fuente, cientista política, Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
