La desvinculación de Isabel Amor de la dirección del Sernameg de Los Ríos expone la peor cara del Frente Amplio. No solo por lo injusto de la decisión, que ha impactado gravemente la trayectoria de una profesional de destacado recorrido en el mundo de los DD.HH., sino también porque tras la arbitraria decisión asoman rasgos que rayan en el fascismo.
El primero es la presunción de superioridad moral, que se funda en una falsa pretensión de pureza, a la cual solo unos pocos escogidos (los puros) pueden acceder. Tal como lo manifestó en su momento el exministro Giorgio Jackson, el Frente Amplio contaría con una escala de valores que dista de la generación que los antecedió, iluminación que les da la potestad de determinar aquello que se considera correcto. Y si el pueblo no los sigue, el problema entonces es del pueblo. En el fondo, se autoconstituyen como una raza de escogidos que tiene acceso a la verdad y que goza del privilegio de dictar conductas e ideas.
Por ende, quienes no pertenecen a esa casta, o quienes tienen trazas de impureza, filial en este caso, deben ser apartados sin ningún tipo de consideración. Aun a riesgo de hacer el ridículo. Apenas 48 horas después de haberla ratificado en un cargo que fue escogido por ellos mismos —dos de los tres integrantes del comité de selección eran autoridades de gobierno— y luego de un largo y costoso proceso de búsqueda. Todo bajo el espurio argumento de una “pérdida de confianza” que, infructuosamente, intenta revestir de legalidad la más abyecta arbitrariedad.
De ahí se desprende otro rasgo inquietante de este episodio, que es el cinismo total a la hora de justificar la decisión adoptada. Las razones esgrimidas fueron tan variadas como pueriles. Desde problemas con los sindicatos hasta borradores no publicados de una entrevista. Al final, da lo mismo. El punto es avanzar conforme a la voluntad establecida. De hecho, la ministra Orellana, una suerte de factótum del frenteamplismo, tras cuatro días de estricto silencio, señaló en una carta plagada de vaguedades y contradicciones que la razón de la desvinculación habría sido la aparición de “varios hechos disonantes” tras el nombramiento. Hechos que, a una semana de conocido el caso, se mantienen en la penumbra.
“Suena raro, pero no por raro deja de ser posible perder la confianza tan rápido”, esgrimió a modo de defensa la ministra luego del enésimo cuestionamiento.
De más está decir que la locuaz dirigencia frenteamplista, incontenible a la hora de opinar en las redes sociales sobre casi cualquier materia, cayó en esta ocasión en un conveniente mutismo, desde el Presidente de la República hacia abajo, a la espera de que pase el chaparrón.
Pero quizás lo más alarmante de este caso es el iliberalismo que encierra. Se juzga inaceptablemente el mérito de una persona por su historia familiar y no por el peso de sus propias decisiones; la igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso fueron sustituidas por una opaca subjetividad y una discrecionalidad abusiva, y el juicio ponderado y racional fue reemplazado por la más abyecta injusticia.
Ni hablar del desprecio por las reglas formales del proceso de selección de altos directivos del Estado, que volaron pulverizadas por el fanatismo y la fe ciega, ni de la ausencia total de autocrítica por parte de las autoridades gubernamentales, que a estas alturas muestran una incapacidad endémica para reconocer errores y explicar desaciertos.
La democracia liberal, la mayor de las conquistas humanas, se basa en la deliberación racional, el respeto por las normas establecidas y la valoración de los proyectos de vida en función de su propia individualidad. La decisión del Sernameg genera serias dudas sobre la adhesión del Frente Amplio a estos principios.
Por Gonzalo Blumel, Horizontal, ex ministro del Interior.
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