El proceso constituyente vive, usando la expresión de Zweig, momentos estelares. Estamos ya en la recta final y hasta ahora no existe un acuerdo que cubra desde la dirigencia del socialismo hasta la de los republicanos. La pregunta es si puede escribirse un texto que concite el respaldo de ese amplio espectro.
El punto crítico parece ser la conciliación del Estado social de derecho, con la libertad individual que permita elegir entre sistemas públicos y privados de seguridad social. Aunque el alcance de la definición tiene consecuencias bastante más amplias. ¿Es posible el acuerdo o tendremos que optar entre las visiones alternativas? ¿Por qué sociedades como la norteamericana o las europeas han logrado un acuerdo constitucional así?
Cada sociedad es hija de su historia, sus conflictos, su cultura y sus traumas. El acuerdo de esas sociedades desarrolladas expresa una mirada común y mayoritaria de las personas, que la dirigencia política ha recogido. Entre nosotros ese acuerdo, en lo sustancial, existe, pero una parte importante de la dirigencia política -la de izquierda- se niega a reconocerlo y no quiere que esos derechos se constitucionalicen, porque aspiran a revertirlo en la discusión política.
Otra parte de la dirigencia -sectores de la derecha- quieren alcanzar una redacción que reconozca esa libertad, que la mayoría del país y prácticamente todos sus adherentes apoyan, pero de una forma que también sea aceptable para el socialismo. Me temo que ese acuerdo no es viable políticamente, porque nuestra historia, la manera en que se entienden las opciones entre nosotros -quitar los patines o multiplicarlos- hace que un texto así sea una suerte de sábana corta por definición. En la medida que se desplaza para cubrir a unos electores, descubre a los otros.
En el fondo, la manera concreta, práctica, en que la izquierda latinoamericana entiende el rol del Estado, así como los derechos y libertades individuales es incompatible con muchas de las libertades que una parte demasiado importante de nuestra sociedad ha incorporado a su vida como algo natural. Para poner un ejemplo práctico, si acaso pueden existir proyectos de educación superior cuyo derecho a no adscribirse a la gratuidad debe estar respaldado en la Constitución. O si la deliberación política puede conculcar esa modalidad, porque no es un derecho, sino una mera opción de política pública.
Esa disyuntiva está bastante zanjada en la sociedad chilena, con mayoría por la libertad, pero es imposible de resolver transaccionalmente entre su dirigencia política. El proceso constituyente no puede más que hacer una opción, como hizo el Consejo y que ahora se discute la posibilidad de revertir en esta fase final. En definitiva, será el electorado el que resuelva.
El destino del proceso constituyente es incierto, el mejor camino -como se ha hecho- es que haya acuerdo en todo lo que es posible y se opte en todo aquello que es inevitable. Lo otro es intelectualmente imposible y electoralmente inviable.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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