Después de resolver su desconocimiento sobre las normas de subrogación de los ministros de Estado -nada que sorprenda luego de verificar que tampoco conocen sus prohibiciones constitucionales para contratar- se reunió, sin ministros, el Comité de Ministros. Si alguien tenía dudas de que nuestro sistema político nos devolvió a la América Latina profunda, los últimos días debieran habérselas despejado.
¿Y qué resolvió este Comité de Ministros? Rechazar el proyecto que tiene una calificación técnica favorable, aunque para ello tuviera que desconocer fallos de los tribunales de justicia. ¿Y por qué se tuvo que reunir con esta composición tan especial? Porque en la ocasión anterior en que los ministros titulares habían votado negativamente, lo hicieron pese a que varios de ellos habían expresado previamente opinión contraria a la iniciativa. A eso se le llama prejuicio.
Este caso es una muy buena demostración de que el principal problema de Chile es propiamente político. Es decir, y perdón por ser majadero, que se rompió completamente el consenso sobre el proyecto de país que nos permitió crecer sostenidamente y que acotó las principales diferencias en debate a las políticas públicas -los medios- a través de los cuales ese objetivo común -democracia, desarrollo y Estado de Derecho- se materializaba de mejor manera.
Esa es la razón por la que los comprensibles y nostálgicos llamados a los acuerdos que se formulan desde distintos sectores no son más que la expresión bien intencionada, aunque voluntarista, por recuperar un tiempo irremediablemente perdido. El problema que plantea Dominga no se resuelve únicamente, ni siquiera principalmente, modificando procedimientos, precisando requisitos o apelando a la sapiencia jurídica.
El proyecto se rechazó sin importar lo que puedan decir fallos judiciales, informes técnicos, las leyes o el más elemental sentido común, porque quienes votaron tienen un concepto de los valores y las prioridades de nuestra sociedad en que el desarrollo económico es más bien un problema, porque se alcanza inevitablemente -creen ellos- destruyendo el medioambiente, depredando la naturaleza y explotando a las personas, que reciben migajas mientras los dueños de los proyectos se hacen más ricos aún.
Si sigue predominando la creencia de que para resolver este tipo de diferencias tenemos que ponernos de acuerdo en procedimientos administrativos seguiremos chocando una y otra vez contra el muro político ideológico con el que se estrelló Dominga.
En democracia se dirimen electoralmente los objetivos y luego se pueden acordar los medios para alcanzar esos fines que la sociedad decidió. Por ello, es imprescindible que se plantee al país un proyecto con fines distintos, en realidad opuestos, a los que tienen quienes han rechazado reiteradamente Dominga.
Mientras sigamos creyendo que podemos eludir estas definiciones, ganar primero y ver después qué hacemos, seguiremos llegando a acuerdos que son rendiciones parciales, mientras el país se estanca y empobrece cada día más
Por Gonzalo Cordero, abogado
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