Hace casi un año el país se conmocionó con el secuestro del ex teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda. La preparación y recursos con los que actuaron los plagiadores, además de la condición de disidente del régimen dictatorial de Maduro hicieron sospechar de inmediato la posibilidad de que el gobierno chavista estuviera detrás. Pocos días después, con el hallazgo del cuerpo de la víctima, se confirmó la extrema crueldad de sus autores, propia de los sicarios del crimen organizado.
Así, se levantó como tesis plausible el que podíamos estar frente a la combinación de un narcogobierno ejecutando delitos atroces en nuestro territorio y utilizando para ello a las peores bandas del continente. Probablemente el siniestro “Tren de Aragua”. Las recientes declaraciones del Fiscal Nacional confirman que esto ya es mucho más que una hipótesis, es precisamente lo que los hechos de la investigación arrojan como resultado.
Es evidente que el gobierno de facto de Venezuela, luego de robar escandalosamente la elección a Edmundo González, no solo perdió las formas mínimas, sino cualquier pretensión de reconocimiento. Maduro ni siquiera intenta ejercer alguna forma de hipocresía democrática; por ello, la comunidad de las democracias occidentales identifica a su gobierno pura y simplemente como una organización criminal narcoterrorista. El asesinato del teniente Ojeda es una confirmación más de esta realidad.
Este crimen, ejecutado en Chile por encargo del gobierno de facto de otro país sudamericano, plantea dos problemas graves a nuestras autoridades: ¿Es razonable seguir teniendo relaciones diplomáticas con un narcoestado, que actúa mediante el crimen organizado cometiendo delitos de sangre en nuestro país? ¿Se puede gobernar con un partido que en la disyuntiva entre la soberanía de Chile y su afinidad ideológica con Maduro opta por esta última?
Se compartan o no, hay buenas razones para sostener que ninguna diferencia ideológica, incluso ningún antagonismo de intereses, justifica romper relaciones entre los países. Estados en abierta confrontación mantienen relaciones bajo el estatuto propio de la diplomacia. Pero aquí el problema es otro, ¿Chile le debe reconocer el estatus de interlocutor formal a una verdadera organización criminal que tiene secuestrado a un país por la fuerza y comete delitos de sangre en nuestro país? El dilema real es este, no el que nos plantean nuestras autoridades.
El Presidente Boric ha expresado una opinión clara sobre la dictadura chavista, pero sigue gobernando con el Partido Comunista, cuyos dirigentes lo contradicen públicamente. El crimen del exteniente Ojeda hace que esta ya no sea una simple diferencia de opiniones. Ahora se trata de tomar posición frente a una agresión a nuestra soberanía, lo mínimo que se puede pedir para formar parte del gobierno de Chile es defender a nuestro país y poner su interés por sobre cualquier alianza política. Gobernar no es solo hacer declaraciones, por correctas que sean, hay que asumir sus consecuencias.
Por Gonzalo Cordero,abogado
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.