El expresidente Piñera dijo recién que durante su gestión sufrió un “golpe de Estado no tradicional”. La afirmación es demasiado importante para dejarla pasar así como así. Es evidente que el expresidente está en lo cierto; mi interpretación de lo que ocurrió en octubre de 2019 es muy diferente de la versión comúnmente aceptada.
Con la perspectiva del tiempo, la expresión “estallido social” es un insulto a la inteligencia de cualquiera que conozca la realidad de Chile. Somos un país que, gracias a un modelo de desarrollo basado en la libertad de emprendimiento y un Estado subsidiario, pasó de estar en los últimos puestos en nivel de desarrollo en América Latina hasta llegar al primer o segundo lugar en cualquier parámetro que se le midiera, incluido el llamado desarrollo humano; que disminuyó la pobreza de una manera excepcional; que vivió una explosión de acceso a los distintos niveles educacionales, y que, en fin, estuvo a punto de lograr ser el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo.
Que hubo un malestar importante es una verdad indiscutible. Pero la izquierda y la inmensa mayoría del periodismo interpretó ese descontento como una reacción a la desigualdad y a los abusos del sector privado; interpretación sesgada, sin ningún respaldo en los datos, pero que fue aceptada de manera acrítica, incluso por la mayoría de los políticos que se identifican como de centroderecha. Nadie miró con seriedad los datos del estancamiento brutal del crecimiento en el periodo inmediatamente precedente.
Lo que ocurrió en esos días del 2019 debiera ser motivo de vergüenza para cualquier persona con un mínimo de convicciones democráticas. Un gobierno legítimo fue objeto de un intento de destitución por medios violentos; se procuró hacer ingobernable el país; se intentó, con éxito, que la fuerza pública estuviera impedida de ejercer uno de los más primarios de sus deberes: mantener el orden público, garantizando la seguridad de las personas.
La izquierda, en una verdadera borrachera de ideologización, validó la violencia y buscó por todos los medios hacer caer el gobierno democrático. Eso se llama golpe de Estado. Así de simple, aunque mirado desde la distancia, resulte embarazoso reconocerlo.
Tiene razón el expresidente Piñera. Pero cuesta conciliar su declaración con la firma de un compromiso por la democracia con el gobierno dirigido precisamente por quienes impulsaron y validaron el golpe que él denuncia. Es verdad que los otros expresidentes también lo firmaron, pero no fueron ellos los afectados por el intento de hacer inviable su gobierno por medio de la violencia.
El Presidente Boric, entonces diputado, fue uno de los que encabezó la validación de esa intentona golpista. El compromiso con la democracia exige no solo reivindicar los hechos. Para las personas normales, la libertad y oportunidades de progreso se pierden por generaciones. Alguna responsabilidad se puede exigir, aunque solo sea la histórica.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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