Parafraseando a Víctor Manuel, podría decir: aunque soy un pobre columnista sé dos o tres cosas nadas más. Por ejemplo, sé que los países que no generan riqueza no pueden ofrecer oportunidades de progreso; sé que los niños que no tienen acceso a una educación de calidad y competitiva no podrán, cuando sean adultos, tomar esas oportunidades; y, por eso sé también que la educación es el principal componente para tener una sociedad percibida como justa. “A otros le enseñaron secretos que a ti no/ a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación”.
La izquierda que nos gobierna no sabe nada de esto, seguramente más de alguna vez se han emocionado y, con profunda indignación, han coreado “El baile de los que sobran”, junto a Los Prisioneros; pero a la hora de gobernar y ejercer el poder prefieren dar en el gusto al Colegio de Profesores, gremio controlado políticamente que de lo último que se preocupa es de hacer clases y enseñar. Si los niños de la educación pública aprendieran en sus paros, ahí sí competiríamos con Finlandia.
En el gobierno pasado, al ministro Raúl Figueroa lo acusaron constitucionalmente; es decir, trataron de destituirlo e inhabilitarlo por cinco años para ejercer funciones públicas, por el grave crimen de intentar que los colegios volvieran a clases. El entonces diputado Boric, cómo no, votó a favor.
Ahora, todos los que vociferaron para impedir el retorno de los niños al colegio, se escandalizan por el resultado del Simce, que muestra una década de retroceso y que prácticamente anticipa la condena de una generación completa de jóvenes a ubicarse en los últimos vagones de nuestra sociedad. Los colegios particulares, a los que asisten los hijos de las familias con más recursos materiales, y probablemente con más capital cultural, durante la pandemia pudieron recibir clases a distancia con acceso a computadores razonables, internet de buena calidad y profesores más preparados para esta contingencia. La brecha, que en condiciones normales ya es grande, para ellos se volvió seguramente irremontable.
¿Qué se puede hacer? Intentar que haya muchas más oportunidades, que generemos más puestos de trabajo que hagan rentable la capacitación, que el dinamismo futuro compense en algún grado la paralización pasada. Pero el gobierno hace todo lo contrario, nos propone un “pacto fiscal” -eufemismo para subir los impuestos- que será un nuevo lastre a nuestro crecimiento y un freno a la generación de esas oportunidades que serán más necesarias que nunca.
La reforma tributaria, por sí misma, es una mala política pública, pero combinada con el resultado del Simce se vuelve una inmoralidad para los que comprenden la necesidad del crecimiento y, por eso, lo promueven.
La educación es una palanca de progreso, sus resultados son exponenciales. En unos años más los que sufran los efectos de paralizaciones, escuelas cerradas y colegios emblemáticos destruidos, ya saben a quiénes podrán ir a preguntarles por qué “a otros le enseñaron secretos que a mí no”.
Por Gonzalo Cordero, abogado.
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