Columna de Gonzalo Cordero: Ideas que envejecieron mal

Hace exactamente cuatro años, el 24 y 25 de enero del año 2020, el entonces senador Alejandro Navarro organizaba en el salón de plenarios del ex Congreso Nacional un encuentro llamado “foro latinoamericano de derechos humanos”, que hizo noticia porque en él se recibió con un aplauso de pie a un grupo de encapuchados representantes de la llamada “primera línea”.

Pretendían ser reconocidos como luchadores sociales, reivindicaban la legitimidad de sus acciones de violencia y requerían que a quienes habían sufrido lesiones en el contexto de sus desmanes se les diera la condición de víctimas del Estado. Y, en cierto modo, así se hizo, pues una moción parlamentaria llevó a establecer un mecanismo legal para entregarles pensiones de gracia como una forma de indemnización por vía administrativa. Los patrocinantes del proyecto eran un grupo bastante transversal de la oposición de la época.

Lo razonable en un Estado de Derecho es que las indemnizaciones las establezca la justicia, luego de un proceso legalmente tramitado, en que se establezcan el daño y la responsabilidad del causante de los perjuicios. Pero como en Chile hace rato que empezamos a apartarnos de los sanos principios jurídicos e institucionales, se aprobó esta fórmula llena de vacíos, poco transparente y que permite la arbitrariedad de las autoridades de la Administración.

Las pensiones de gracia que se concedieron por esta causa y con esta modalidad hoy son motivo de escándalo. Ahora comprobamos lo que, para cualquier observador mínimamente imparcial, era obvio: la “primera línea” estaba integrada, en buena parte, por delincuentes de todo tipo. Es que el desprecio a la ley, a la policía, así como al patrimonio público y privado con el que actuaron es propio de delincuentes. ¿Cuál es realmente la razón para sorprenderse? Ninguna.

Pero sí es digno de sorpresa comprobar la forma en que se tramitaron y concedieron estos beneficios por parte de las autoridades. La coalición que llevó al gobierno al Presidente Boric -PC y Frente Amplio- era la que validaba sus acciones, defendía la legitimidad de la “protesta social” y condenaba a priori a cualquier carabinero que era objeto de alguna acusación. Entonces, parece que no les fue posible, una vez en el gobierno, cuestionar el otorgamiento de estas pensiones, ya sea porque su ceguera ideológica se los impedía o porque tampoco estaban en condiciones políticas de desdecirse.

¿Qué queda de la promesa de construir un nuevo Chile, del discurso que anunciaba el fin del modelo, de los comunicadores y políticos que pregonaban exultantes el despertar de los chilenos, de los que caminaban por “alfombra roja” hacia la nueva constitución?

Solo decepción para los que creyeron en el espejismo, supongo que vergüenza para los que con oportunismo se subieron al carro del entusiasmo y frustración para la mayoría que sufre el estancamiento, la delincuencia y las penurias de vivir en el país que nos dejaron esas ideas que envejecieron tan pronto como mal.

Por Gonzalo Cordero, abogado