La modernidad se basa en un principio fundamental: el pluralismo. Nadie puede imponer a los demás una visión del ser humano, de la sociedad, sus concepciones religiosas o la manera en que deben vivir su vida. A partir de aquí surge el gran desafío de la organización social, que es generar las reglas que nos permitan vivir pacíficamente en la diferencia; más aún, que incluso de la diversidad pueda surgir un proyecto común. Por eso, se suele decir que la moderna es una sociedad de medios y no de fines.
Jurídicamente esto se expresa mediante el Estado de Derecho, el método científico se hace cargo del desafío en la búsqueda de la verdad que llamamos científica, el mercado en la economía y la democracia en la política. Cada una de estas instituciones está conformada por un conjunto de procedimientos que constituyen el único consenso indispensable, por lo tanto, exigible. La sociedad moderna repele las verdades únicas y se realiza en las formas de arbitraje que dirimen los desacuerdos.
¿Significa esto que no se pueden buscar acuerdos sustantivos? Por supuesto que no. Siempre son deseables los consensos, cuando ellos se dan libremente alrededor de ideas virtuosas; más aún, esos acuerdos suelen ser una de las mejores expresiones de una sociedad avanzada. Pero tienen un solo requisito previo, que les es fundante: el acuerdo leal y sólido de respetar las reglas del juego. Este es el tronco del que pende cualquier consenso sustantivo. Esta inversión de jerarquía entre lo accesorio -la regla procesal- y lo sustantivo -la noción de verdad- es la gran falla que se imputa a la modernidad, pero esa es otra discusión que excede con mucho este espacio y las capacidades de este humilde columnista.
El punto es que en los últimos años se ha deteriorado gravemente el consenso sobre las reglas del juego. Poco tiempo atrás nuestro actual gobernante sostenía que la “desobediencia civil” había producido resultados demasiado valiosos; en los días de la revuelta del 2019 se debilitó la legitimidad del Estado para imponer la ley y el orden de una manera casi incompatible con la vida en común; en el Congreso se vulneró la Constitución -pacto fundante del orden social- de manera grosera y se intentó impedir, a un Presidente legítimamente elegido, que pudiera gobernar. Ahora, unos días atrás, un senador oficialista llamó a la misma desobediencia civil que antes elogió el entonces diputado Boric.
Chile necesita recuperar con urgencia el camino de los acuerdos, pero no a los que nos llaman a veces dirigentes empresariales, líderes religiosos o sociales, que piden recuperar consensos en políticas públicas. Qué sentido tiene forzar un acuerdo en pensiones o en el sistema tributario, exigiendo a un sector que reniegue de convicciones sustantivas, mientras sigue sin restaurarse de manera mínima y creíble el consenso que hace posible el pluralismo y la seguridad jurídica. Este quiebre es demasiado grave y no se resolverá llamando a acuerdos que lo eluden y que no se hacen cargo del verdadero problema.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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