En la década de los ochenta se sentaron las bases del crecimiento y la estabilidad que nos llevaron a ser el país que estuvo más cerca de alcanzar el desarrollo en América Latina. ¿Qué nos convirtió en modelo de éxito? Muchas razones, pero las esenciales, los pilares del progreso, son dos: las normas constitucionales que configuran el orden público económico y el sistema previsional.
Por eso, eliminarlos siempre ha sido el objetivo fundamental de la izquierda al uso latinoamericano que hoy nos gobierna y que empezó esta tarea en el segundo periodo de la expresidenta Bachelet. No es que hacerlo forme parte de una conspiración siniestra, sino sencillamente, porque aquí están las bases de un orden social que sus dirigentes consideran injusto y perverso. Intentar destruirlos es, de su parte, un acto racional de inobjetable coherencia.
El llamado orden público económico garantiza de manera indirecta, pero con afilada eficacia la libertad individual. Es decir, la libertad, porque la más humana de nuestras facultades es individual o no es, así de simple. Aquí están el derecho de propiedad, la libertad de emprender, las restricciones al Estado para desarrollar actividades económicas, la libertad de asociación y de trabajo, así como los límites a las regulaciones y cargas tributarias que se pueden imponer a las personas.
La burocracia encuentra así un cerco inexpugnable en que las utopías estatistas se asfixian, porque les queda vedado pretender moldear las vidas de cada uno y no permite tampoco concebir la justicia como el resultado del arbitraje de un poder centralizado que asigna bienes, oportunidades y privilegios.
El sistema previsional, por su parte, les quita a los políticos el gran poder económico que antes tuvieron. Casi el equivalente al PIB de Chile en sus manos, para redistribuirlo, invertirlo, prestarlo, regalarlo y dilapidarlo en perjuicio de las generaciones futuras con cargo a sus candidaturas en las elecciones presentes.
Derogar la Constitución era su objetivo primario y no por su origen, como ha quedado demostrado, sino porque para cualquier proyecto de utópico estatismo es un laberinto de insoportables restricciones. La reforma del 2005, impulsada por el expresidente Lagos y que respetó sus normas fundamentales, es la expresión de una izquierda socialdemócrata que se apartó de la refundación estatista y que, con esta renuncia, selló el destino del gobernante que fue desplazado, definitiva e inapelablemente, por Bachelet.
En materia previsional no se trata de puntos más o menos a la cuenta individual, ni de sus reglas para las licitaciones de los fondos. De lo que se trata es de abrir -o no- la puerta al Estado para que vuelva a poner sus manos en el ahorro que produce el trabajo de los chilenos. Logrado eso, es cuestión de tiempo para que nuevamente lo capture todo.
El primer pilar, aunque debilitado, sobrevivió; el segundo, solo resistirá si los parlamentarios de derecha tienen el coraje para ser leales al proyecto de sociedad que representan.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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