Los precios son información. De hecho, son fundamentales para que las personas puedan adoptar miles de decisiones, algunas tan simples como usar una aplicación o tomar una micro o un auto particular para movilizarse de un lugar a otro. Pero también son indispensables para que se decidan o desechen grandes inversiones.
En esta sociedad que valora la trasparencia, a veces hasta la obsesión, así debiera apreciarse que exista un sistema de precios fidedigno y de libre acceso. Si se piensa bien, es tan grave que un grupo de empresarios se coluda para cobrar artificialmente caro por un bien o servicio, como que lo haga un grupo de políticos para cometer el mismo engaño en el sentido contrario. Las personas creen que los primeros los perjudican y los segundos los benefician, pero no es así; basta leer un poco acerca de Argentina para comprobarlo.
Hace rato que los políticos chilenos se están volviendo a acostumbrar a ocultar los precios, fijándolos nuevamente a través de algún artilugio, como lo hicieron en el pasado. Lo de las cuentas de luz es obvio, pero veamos algunos otros ejemplos. El Transantiago se sostiene hace años con una tarifa irreal. De hecho, lo paga el que quiere, pero sospecho que incluso si fuera pagado por todos sus usuarios el monto del pasaje no alcanzaría a cubrir su valor real.
Los seguros privados de salud también tienen precios irreales, por eso las Isapres están al borde de la quiebra. Regulaciones y fallos judiciales se han encargado sistemáticamente de fijar los precios, vale decir, de falsearlos. En el fondo, el problema de las bajas pensiones también tiene que ver con la incapacidad de asumir cuánto cuesta tener una pensión razonable, en proporción a la remuneración percibida durante la etapa laboral activa. ¿Acaso el monto y período de cotización no es el precio a pagar para recibir una buena pensión?
Los precios se pueden ocultar, pero no se pueden eliminar. Siempre que un político nos ofrece algo “gratis” nos está engañando. No existe algo así como la “educación gratuita y de calidad”. La educación es cara, y si es buena, lo es mucho más. “Gratis”, solo significa que lo va a financiar otro que, por cierto, no es el Estado, sino las personas con sus impuestos.
Cuando se ocultan los precios, es inevitable que surja la necesidad de cubrir la diferencia entre el valor real y el cobrado, con lo que la sociedad queda dividida en dos grupos: el de los subsidiados, que pagan con su libertad al caer presos del clientelismo que los vuelve más y más dependientes de políticos y burócratas; y el de los contribuyentes, que soportan una carga progresivamente más pesada, que asfixia la economía. Finalmente, cuando los recursos ya no alcanzan, nos terminan engañando a todos con la mayor de las mentiras: la inflación.
Nunca un político de derecha debiera estar por el ocultamiento sistemático de los precios, porque en esa maniobra se juegan, en el fondo, la libertad y la dignidad de las personas. Ojalá todos lo comprendieran y tuvieran el coraje de sostenerlo.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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