A pesar de todo la política importa. Es decir, la organización de las sociedades depende mucho más de la visión que éstas tienen de la naturaleza del ser humano, del sentido y alcance de las reglas que se dictan y de la justicia en las relaciones entre los individuos, que de la técnica y los instrumentos con los que se resuelven más o menos eficazmente los problemas concretos. Las sociedades se administran bien usando instrumentos cuyo resultado puede cuantificarse mediante tablas y gráficos, pero se gobiernan con ideas, con una cierta jerarquía de valores que configuran una visión del mundo.
Chile vive un deterioro alarmante en materia de seguridad, en pocos días hemos visto una serie de secuestros, homicidios, videos impactantes de agresiones a guardias y, el colmo, el ataque con una granada de guerra a una carabinera. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenan de lugares comunes, se demandan medidas urgentes, se discute acerca de si decretar estado de excepción en la Región Metropolitana o en todo el país, se convocan reuniones de personas que ejercieron la Subsecretaría del Interior en distintos gobiernos, se cuentan las leyes despachadas y las estancadas, con rostros adustos se demandan y ofrecen medidas.
Lamento tener una visión heterodoxa, pero en nada de eso está el problema, ni menos la solución. ¿Militares a la calle? ¿Para qué, para que algunos terminen presos y con sus vidas arruinadas, porque un fiscal estimó que usó la fuerza de manera irracional? ¿Más leyes? ¿Para qué, para que se apliquen por jueces que se tomaban fotos con una mano cubriéndose un ojo y ahí están decretando lo que ellos entienden por justicia? ¿Más recursos y atribuciones a Carabineros? Carabineros que hace dos o tres años escuchaban a los mismos que hoy los comandan decir que había que refundar la institución policial, porque eran violadores sistemáticos de los derechos humanos que tenían un centro de tortura en una estación de Metro.
Por eso, nada de esto resolvería la crisis, porque el problema no es de instrumentos, sino que es consecuencia de la paralización que produce no tener resuelta la confrontación entre dos visiones radicalmente contrapuestas sobre el imperio de la ley, sobre la legitimidad del uso de la fuerza -incluso letal- para imponerla, del respaldo material que la sociedad, sus instituciones y autoridades, deben entregar a los agentes del orden, del sometimiento irrestricto que todo inmigrante -igual que todos los chilenos- deben a nuestra ley, primero para ingresar y después para permanecer en nuestro territorio.
Tampoco el problema de la delincuencia se resolverá con un “gran acuerdo” en los instrumentos, sino que zanjando democráticamente el desacuerdo entre las visiones políticas contrapuestas. En esto, como en otros aspectos, el deber de la oposición no es buscar acuerdos estériles, sino encarnar con claridad y convicción la alternativa política y cultural, dentro de la cual las políticas públicas sí tendrían eficacia.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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