¿Usted está con los narcos? Si no lo está tiene que renunciar al derecho de mantener su información bancaria en el ámbito de su privacidad y debe permitir que ciertos funcionarios estén autorizados a fisgonear en su dinero y lo que hace con él. Eso nos dice el subsecretario Monsalve. En el fondo, nos quiere convencer que estamos ante la disyuntiva de someternos al poder de los carteles de la droga o al de la burocracia fiscal.
Esa disyuntiva no es real, el Estado de Derecho nos ofrece una alternativa constituida por los jueces, funcionarios independientes, con formación jurídica, a quienes se les ha encargado la más noble de las tareas: cuidar que vivamos sometidos exclusivamente a la ley y no a la discrecionalidad del poder político y su burocracia.
No basta que el director del Servicio de Impuestos de Internos sea independiente del gobierno, la potestad de levantar el secreto bancario debe recaer en una autoridad diferente de aquella que investiga los delitos. En nuestra institucionalidad esa autoridad es el juez de garantía o eventualmente, si así se dispusiera para determinados casos, un ministro de Corte de Apelaciones; pero no un funcionario administrativo. Ese es el principio básico de independencia y separación de poderes en un Estado de Derecho.
En este mismo espacio he defendido que el director del Servicio de Impuestos Internos debe seguir teniendo la titularidad exclusiva de la acción penal en materia tributaria. No se trata, en el caso del llamado secreto bancario, de tener más o menos confianza en esa repartición o sus funcionarios, sino en el adecuado orden institucional.
Si aceptáramos que el Servicio de Impuestos Internos accediera a las cuentas bancarias, mañana el Ministerio Público podría querer escuchar las conversaciones telefónicas, intervenir la correspondencia, allanar domicilios o colocar micrófonos en las oficinas. Todo a su exclusivo arbitrio.
¿Combatir el narcotráfico requiere procedimientos más ágiles? Sin duda, pero una cosa es perfeccionar el Estado de Derecho y otra distinta es debilitarlo o derechamente saltárselo, por loable que sea la finalidad que se persiga.
El tema no es si se está a favor o en contra del narcotráfico, esa es una simplificación burda y una manera bastante peligrosa de plantear la discusión, viniendo de una autoridad que ejerce, entre otras cosas, el control político sobre las policías.
Para combatir eficazmente el narcotráfico es indispensable, en algunos casos, afectar determinadas garantías constitucionales; por ejemplo, entrar a las cuentas bancarias para seguir “la ruta del dinero”. Por ello, la privacidad no puede esgrimirse como un derecho absoluto. Pero exigir que esa afectación se haga previa autorización de un Juez no es estar a favor del narcotráfico, sino de la libertad y el Estado de Derecho.
El día que empecemos a creer que ambos objetivos -combatir el crimen y resguardar la libertad- son incompatibles, estaremos en problemas incluso aún más graves que el narcotráfico.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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