Columna de Gonzalo García Pino y Sebastián Salazar: La tercera oportunidad constituyente

A pesar del clima de desconfianza institucional, el Congreso cumplió con la primera parte del Acuerdo por Chile. En una expedita tramitación parlamentaria, 30 días después de su celebración, y a pesar de las cortapisas planteadas por las fuerzas políticas restantes, este acuerdo se transformará en la reforma constitucional habilitante de un nuevo proceso constituyente.

Las palabras contenidas en la reforma aspiran a ser el puente entre el texto actual y la esperanza de contar con una nueva Constitución. Así se busca poner fin a un largo proceso político y social que comenzó con la imposición del actual orden constitucional y que ha significado la existencia de difíciles etapas.

Este hito es meritorio para esta clase política más joven, pues representa el primer acuerdo significativo ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar.

Las limitaciones del proceso anterior obligaron a un acuerdo complejo que intenta equilibrar legitimidad con experticia, en vista de las diversas formas de democracia a la que adhieren los partidos políticos firmantes. El actual proceso está repleto de dinámicas, pesos y contrapesos, que tal como articula un eventual resultado positivo puede terminar confundiendo a la ciudadanía y restarle credibilidad.

En el haber: muchos logros. Dentro de las 12 bases aprobadas ya hay reconocimiento a los pueblos originarios y a la protección del medio ambiente, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho como fórmula de transversal aceptación. Un Consejo Constitucional totalmente electo y paritario que trabajará a partir de un anteproyecto elaborado por la Comisión Experta y bajo el arbitraje de la Comisión Técnica de Admisibilidad.

En el debe: algo que no está en las disposiciones contenidas en la reforma constitucional. Buenas decisiones políticas que arrebaten el sentimiento de la ciudadanía para obtener el apoyo en el plebiscito de salida. Ninguna de las dos cosas está garantizada y depende de actos de personas, partidos, parlamentarios, expertos e integrantes del Consejo que hagan bien su trabajo, con muchísima generosidad y en beneficio del país.

La primera señal la sabremos a fines de enero con el nombramiento de los expertos por el Congreso Nacional. Ellos lo deben ser de un modo tan inequívoco como propiciadores de un anteproyecto que reconduzca el diálogo constitucional del Consejo. Ahí puede quedar trabado el desarrollo del presente proceso o fluir con suficiente facilidad.

La democracia vive momentos desafiantes en muchas latitudes y este punto de inflexión debe servir para construir un orden constitucional que contenga la sabiduría institucional acumulada y la suficiente amplitud para enfrentar conflictos nuevos. La próxima palabra depende de modo determinante del Congreso.

Por Gonzalo García Pino y Sebastián Salazar Pizarro, Núcleo Constitucional UAH