Una de las ideas más influyentes en organización industrial en las últimas décadas fue formulada por Harald Demsetz en 1968. En su artículo “Why regulate utilities”, este economista plantea que, en industrias con características de monopolio natural, es decir, aquellas con costos unitarios decrecientes y en las cuales no resulta eficiente la competencia “en el mercado”, la solución no es necesariamente la regulación tarifaria o la producción estatal.
En efecto, la competencia en el mercado puede ser reemplazada por un proceso de “competencia por el mercado” en el cual los potenciales oferentes compiten en forma previa por adjudicarse el derecho a ser el productor del bien o servicio, evitando que se obtengan rentas monopólicas. En el caso de Chile los ejemplos abundan. Las concesiones de autopistas urbanas, las licitaciones de frecuencias de telefonía móvil y la administradora del seguro de cesantía, son algunos de las actividades económicas donde se aplica este modelo.
El mecanismo de competencia por el mercado no está exento de problemas, los cuales provienen de la incertidumbre propia de la actividad económica y la imposibilidad de anticipar contractualmente todas las contingencias que surgen en una relación de largo plazo. Esto lleva en muchos casos a procesos de renegociación complejos y costosos. El caso del nuevo terminal aéreo de Santiago es un buen ejemplo: ¿Era posible anticipar la caída en el tráfico producto del Covid-19? No obstante, los progresos en la teoría del diseño de contratos que incluye a varios ganadores del Premio Nobel de Economía y la experiencia práctica, permiten ir superando estos problemas.
Hoy, la competencia por el mercado vuelve a estar en la discusión pública por dos razones distintas. Por una parte, la incorporación de un sistema de competencia, similar al sistema del seguro de cesantía (donde cada 10 años se licita la administración del seguro a un ente privado), podría darle viabilidad política al modelo de separación de la administración de cuentas y de fondos que introduce la reforma previsional del gobierno. Esto es reemplazar la figura del Administrador Previsional Autónomo (APA), entidad pública que estaría encargada de gestionar cuentas, recaudar cotizaciones y pagar pensiones, por una entidad privada encargada de tales funciones que resulte ganadora en un proceso competitivo de licitación. Ya existen algunas señales del gobierno en tal sentido.
Por otra parte, también tiene relevancia en la industria del litio. El modelo de contratos de concesión de Corfo con entes privados en el Salar de Atacama, renegociados de forma exitosa para el gobierno en 2018 tras un litigio que se extendió varios años, han permitido que el Estado chileno haya obtenido importantes beneficios, con ingresos fiscales en torno a los $5.000 millones de dólares el 2022 (6,4% de los ingresos fiscales totales). Esto muestra que pese a las declaraciones del Presidente Boric en la línea contraria, un modelo que incorpore participación privada vía concesiones puede ser más efectivo en permitir que las rentas potenciales de la extracción de este mineral se transformen en beneficios reales para el país.
Por Gonzalo Islas Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas
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