El avance casi en paralelo de tres reformas con efectos en el mercado laboral: la reducción de jornada de 45 a 40 horas, el incremento del salario mínimo hasta $500.000, ambas ya aprobadas por el Congreso, y la reforma previsional que incorpora una cotización adicional de cargo del empleador y que aún se encuentra en tramitación, implican introducir en forma casi simultánea tres elementos que elevan el costo de contratación. ¿Cómo podrían impactar este “triple pack laboral” a la creación de empleo y a los niveles de formalidad de nuestro mercado laboral?
Las reformas incorporan mecanismos de gradualidad: en el caso de la reducción de jornada a 40 horas, esta reduce la jornada de 45 a 44 horas al primer año de publicada la ley, a 42 horas al tercero, alcanzado la rebaja total solo 5 años después de la entrada en vigencia. En el caso del salario mínimo, los incrementos son graduales, alcanzando los $500.000 en julio de 2024 y se incorpora un subsidio que estará vigente hasta abril de 2025. Si bien la reforma previsional todavía está en tramitación, la propuesta inicial del gobierno consideraba también un plazo de seis años para alcanzar el 6% de cotización del empleador.
Revisando nuestra historia, podemos encontrar una situación similar hace dos décadas. En 2002, la creación del seguro de cesantía introdujo una nueva tasa de cotización de 3%, dividida en 0,6% de cargo del trabajador y 2,4% del empleador. La entrada en el sistema era obligatoria para todos los nuevos asalariados privados y voluntaria para los trabajadores con contrato vigente. Dos años más tarde entró en vigencia la ley que redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas, la cual había sido aprobada en septiembre de 2001.
¿Qué impacto tuvieron en el empleo? Un artículo publicado en 2013 encuentra que la entrada en vigencia de la reducción de jornada no implicó cambios en los niveles de destrucción de empleo. En el caso de la creación del seguro de cesantía, no existen estudios que encuentren un impacto negativo de la introducción de este sistema en la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, cabe notar que tanto los órdenes de magnitud de los cambios como el contexto económico eran distintos.
En efecto, en los últimos 5 años, desde el 2018 al 2023, el total de ocupados en Chile creció solo un 3,7%. A modo de comparación, en el quinquenio anterior del 2013 al 2018, tal crecimiento alcanzó a 9%. Más aún, un 37% del aumento de los ocupados en los últimos 5 años se explica por un incremento del empleo en el sector público. Las cifras más recientes tampoco son auspiciosas, la tasa de desempleo permanece en niveles en torno al 9%, afectando principalmente a mujeres y trabajadores jóvenes con menor calificación. En lo que va del año, los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran una caída en el número de cotizantes del Seguro de Cesantía, indicando que el empleo formal no está creciendo. Un estudio de Tomás Rau, académico de la PUC, muestra que solo recién a 2026 se recuperaría el nivel de empleo prepandemia.
El crecimiento del empleo y la formalización son dos grandes desafíos que enfrentará nuestro mercado laboral en la próxima década. La mayor formalización no solo tiene un impacto en el sistema previsional y la recaudación tributaria, sino que también existe una relación negativa entre informalidad y desarrollo. En enero de este año, el Ministerio de Hacienda presentó un informe con recomendaciones de política basado en el trabajo de un grupo de académicos convocado en el gobierno anterior. Se requiere priorizar la implementación de tales medidas y promover políticas que efectivamente promuevan el empleo a fin de que las distintas reformas a nuestro mercado laboral en términos de horas trabajadas, salario mínimo y sistema de pensiones terminen generando costos mayores que sus beneficios.
Por Gonzalo Islas, decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas
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