Hay personas y familias que enfrentan carencias permanentes y graves. Para estas situaciones de pobreza y marginación existen apoyos estatales. Es el mundo de la priorización para tender puentes de integración. A su vez, existen las emergencias, que requieren respuestas y apoyos puntuales. Una situación distinta es la que enfrentan casi todas las familias a lo largo de sus vidas en caso de enfermedad, accidentes, pérdida del trabajo o disminución de fuentes previas de ingresos. Es el mundo de la universalidad de la cobertura de riesgos, que cuando no existe hace entrar a las sociedades en crisis, lo que el enfoque neoliberal nunca ha querido entender.
La respuesta de la responsabilidad individual frente a los riesgos es dotarse de reservas económicas mediante el ahorro y su capitalización. El problema es que la propensión al ahorro (o la posibilidad práctica de no consumir todos los ingresos) existe solo para una parte de la población y la contratación de seguros tiene muchos problemas de “asimetrías de información”.
Esto lleva a la intervención de los Estados, que organizan coberturas compulsivas de esos riesgos, interrumpiendo la “soberanía del consumidor” y obligando a las personas a ahorrar y/o a recurrir a sistemas de seguro con primas no voluntarias en los ámbitos de la enfermedad, los accidentes, el desempleo y los ingresos en la vejez. Estas primas socializan el riesgo y usualmente se componen de aportes del trabajador como proporción de su salario y del empleador. Es lo que inauguró la Alemania del muy conservador barón Von Bismarck a fines del siglo XIX, que ya tuvo que habérselas con los primeros sindicatos.
En nuestro caso, las políticas de seguridad social se intensificaron desde los años 1920, con las primeras rupturas del orden oligárquico, hasta que desde los años 1980, en una situación de dictadura militar con fuerte influencia de economistas ultraliberales, se transitó en las pensiones al ahorro obligatorio administrado en cuentas individuales por entidades privadas con fines de lucro. Cuando la pandemia de Covid-19 paralizó buena parte del empleo y los aportes a las familias se restringieron a 65 mil pesos, la situación de desesperación de muchos llevó a que el Parlamento sobrepasara al gobierno y aprobara por dos tercios, bajo la ficción de una reforma constitucional, el uso de parte de los ahorros para la pensión. Se aplicó aquello de más vale un pájaro en la mano que cien volando y el consumo presente antes que futuro. Ya se vería qué pasaría con las pensiones, que de todas maneras ya son provistas mayoritariamente con complementos estatales.
Nuevos retiros de fondos de pensiones no tienen sentido, pues esos recursos no están para atender urgencias, sino complementar la jubilación garantizada. Solo tendría sentido autorizarlo para situaciones de enfermedad terminal, como aporte reembolsable de ahorro inicial para la vivienda o como “autopréstamo” de bajo monto y recuperación en plazos breves para enfrentar alguna crisis, como propone el proyecto del gobierno. Pero estos mecanismos no pueden sustituir, en medio del desorden y la improvisación como en 2020-21, tanto las políticas públicas permanentes de apoyo a las familias como las situaciones de emergencia. Estas tienen su propia lógica y financiamiento, las que podrán ser fortalecidas con la reforma tributaria.
Por Gonzalo Martner, economista y académico Usach
