Columna de Gonzalo Martner: Los debates sobre el nuevo financiamiento para estudiantes de educación superior

En la etapa final del actual gobierno será debatido con intensidad el proyecto de ley que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de estudiantes de la educación superior. Éste establece descuentos en la deuda acumulada con el esquema de crédito vigente, y en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. Para el futuro, permitirá que quienes no sean beneficiarios de la gratuidad hoy existente cuenten con una alternativa para acceder a la educación superior. No deberán pagar aranceles (excepto el décimo decil de ingresos, con copagos adicionales) bajo la obligación de retribuir el aporte estatal con un porcentaje de sus rentas posteriores, una vez se inserten en el mercado laboral. Este nuevo sistema ya no incluirá a la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas  a partir de un subsidio público, en un ejemplo más de “capitalismo subsidiado”- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior. Los ingresos anuales de hasta 7,5 UTA (unos $500.000 mensuales) estarán exentos. Para los ingresos superiores a ese monto, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para las que las superen. La retribución no podrá exceder el 7% de los ingresos anuales, o el 8% en el caso de personas con rentas anuales iguales o superiores a 45 UTA, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años.

Este esquema es un evidente progreso respecto al sistema hoy existente. Pero no faltan los reproches. Hay uno que es nominalista y escasamente relevante: se trataría de “un impuesto”, aunque se trata esencialmente de la devolución de un subsidio por parte del beneficiario a lo largo del tiempo. El nuevo esquema no es un impuesto a la renta, pues por definición este no está asignado a ningún fin específico, como ocurre en este caso con la devolución, aunque bajo algunos supuestos en las carreras con mayores ingresos futuros el pago sería eventualmente superior al subsidio. Esto provoca escándalo, pero se trata de reemplazar un esquema que, como el actual, aplica el cobro de un interés de 2% que encarece la devolución a todos y hace difícil el pago a los que siguieron carreras menos remuneradas. El nuevo esquema beneficia a unos más que a otros y eso se llama progresividad.

Hay quienes consideran los impuestos como una especie de pecado, más aún si son progresivos, es decir cuando paga proporcionalmente más el que tiene ingresos más altos. Pero ese es un asunto de doctrina que solo atañe a los que la defienden. El hecho es que la educación superior tienen un costo, que pagan las familias o bien el Estado a través de impuestos en el caso de la gratuidad, o a través de un fondo para los estudiantes de familias de más altos ingresos que optan por asumir en el futuro un pago diferido y con elementos de progresividad, que se retroalimentará generación tras generación. Lo que importa es si este esquema ayuda o no de manera justa a los estudiantes que opten por él.

Por Gonzalo Martner, economista, académico Universidad de Santiago de Chile