Desde 1990 se discute en Chile sobre impuestos. El gran empresariado y la derecha sostienen que aumentarlos lesionaría el crecimiento y que podrían terminar recaudando menos. Las centroizquierdas e izquierdas sostienen que impuestos bien aplicados y gastados no solo mejoran la situación de los más necesitados y la equidad general, sino que no lesionan e incluso estimulan el crecimiento. Este efecto positivo más que compensaría eventuales impactos negativos del impuesto a la renta o al patrimonio -que se supone son los impuestos que más desalientan la inversión o el trabajo- cuando los ingresos se emplean en mejorar bienes públicos como las infraestructuras, el desarrollo tecnológico, la educación, la salud o la cobertura social de riesgos, lo que aumenta la cohesión social.
Los dos tipos de argumentos se apoyan en una amplia literatura especializada y en los hechos históricos, en lo que las actuales fuerzas de gobierno llevan una amplia ventaja. En efecto, ni las bajas de impuestos han generado en ninguna parte más recaudación ni se ha producido un crecimiento adicional cuando se mantienen impuestos bajos. Al revés, las etapas de más alto crecimiento en el mundo se han producido en promedio en la OCDE, con impuestos altos y crecientes, como han mostrado los trabajos de Piketty y otros, mientras algunos países han vivido secuencias rápidas de aumentos de los impuestos y contribuciones obligatorias sin efectos negativos sobre el crecimiento y con mejorías en el bienestar de las mayorías, en etapas en que su PIB por habitante era similar o inferior al de Chile.
La postura reciente de la CPC, por su parte, no tiene asidero. El ministro Marcel ha recalcado que un crecimiento adicional del 1% en el PIB aportaría mayores ingresos fiscales de unos US$600 millones, mientras solo el aumento de la PGU, la reducción de listas de espera en los hospitales y la sala cuna universal sumarían unos US$7,5 mil millones, para lo que habría que crecer al menos al 12% más por año. Por ello ha contestado a la cúpula empresarial que “el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al pacto fiscal.”
El tema se zanjó en el pasado con reformas pequeñas, centradas en impuestos indirectos, proporcionalmente pagados en mayor magnitud por los ingresos bajos, o en mayores tasas del impuesto a las utilidades. En realidad, Chile necesita que paguen más impuestos las personas de muy altos ingresos y patrimonios y que se paguen las regalías del cobre que corresponden (la ley aprobada terminó recaudando una quinta parte de lo que debiera haber sido). Esto no va a paralizar ni la inversión ni el empleo y permitiría ampliar la inversión pública, la construcción de viviendas, las pensiones, la atención de salud, el cuidado y la educación, y la protección de la infancia, entre otras necesidades sociales urgentes. Cualquier otra cosa es esquivar la tarea de hacer más equitativa la sociedad chilena y la de no seguir regalando una parte importante de los ingresos de sus recursos naturales.
Por Gonzalo Martner, profesor titular, Facultad de Administración y Economía Universidad de Santiago de Chile
