La sociedad chilena se encuentra en una encrucijada que marcará el futuro. El veto que la derecha logró mantener en las instituciones desde 1990 tuvo consecuencias. Primero, la persistencia de un esquema económico que, a pesar de múltiples reformas, no revirtió las profundas desigualdades heredadas y terminó sin dinamismo. El aumento de la carga tributaria fue anulado una y otra vez, mientras una distribución del ingreso más favorable a los salarios fue bloqueada por una legislación laboral que no avanzó. Los progresos en otros campos no lograron contrarrestar ambos lastres estructurales. Segundo, el veto externo e interno a la promesa de crecimiento con equidad (Aylwin), de crecimiento con igualdad (Lagos) y de protección social y redistribución (Bachelet) provocó un descrédito creciente del régimen político nacido de los acuerdos de 1989 y 2005.
La pertinacia de la derecha y el acomodo del centro y parte de la izquierda a ese orden de cosas (otros mantuvimos posiciones en contrario desde dentro y desde fuera sin impacto suficiente), terminó en la gran rebelión social de octubre-diciembre de 2019. El partido del orden tuvo que ceder y dar por finiquitada la Constitución de 1980 -previo plebiscito- en los acuerdos del 15 de noviembre de 2019. Pero con una condición: aumentar su poder de veto. Toda decisión se subió a 2/3, lo que ni siquiera contempla la Constitución vigente. Hubo quienes nos opusimos a esos acuerdos, pues entrañaban el riesgo de paralizar la dinámica constituyente y agravar la crisis institucional. Pero apoyamos su curso posterior, en el que la fuerza del proceso social sobrepasó ese riesgo al situar a la derecha en menos del tercio de bloqueo.
Ahora toca construir una alternativa de gobierno coherente que acompañe el cambio constitucional. Eso solo puede hacerlo con consistencia una izquierda plural reunificada, abierta a pactos a partir de una nueva gravitación transformadora y considerando decisivamente a las mujeres, al mundo del trabajo y a todos los sectores y territorios que han sido discriminados y abusados. Se debe, a la vez, asumir con decisión los desafíos de la sostenibilidad en un nuevo modelo de desarrollo. Se requiere un programa sólido y un liderazgo no improvisado para una tarea tan vasta, con capacidad de gestión y una voluntad política que no ceda ante la primera dificultad.
Por eso soy de los que apoyan a Daniel Jadue para, desde la pluralidad democrática, inaugurar una nueva etapa de progreso igualitario y sostenible en el país.
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