Existe consenso global en cuanto a que estamos viviendo un momento crítico en todo el planeta con relación al estado del medio ambiente.
Es un hecho que lamentablemente en el futuro no podremos contar con las condiciones estables y abundantes que nos permitieron desarrollarnos como seres humanos hasta la fecha. Lo que toca ahora es enfrentar el equivalente a una dura enfermedad, asumir que nos hemos comportado como el mal paciente que no siguió el tratamiento recomendado por el médico, que desestimó la evidencia en su cuerpo, y que ahora tiene que batallar para que la enfermedad no sea terminal.
Aún estamos a tiempo. Pero necesitamos alinearnos con todas nuestras fuerzas y recursos. Y es que los efectos de la creciente actividad humana sobre la pérdida de biodiversidad, contaminación por plásticos y crisis climática, entre muchos otros, están evidenciando su impacto visible y directo sobre las personas y los ecosistemas: sequías, mega-incendios, aumento de la temperatura de los océanos, entre otros, que ponen en jaque la vida de millones de personas, la producción de alimentos, la infraestructura, los procesos logísticos y la disponibilidad de agua potable, por mencionar algunos temas críticos.
Este nuevo escenario global que llegó para quedarse nos obliga a seguir adoptando todo tipo de medidas urgentes a nivel nacional. Esto es algo que se le reconoce internacionalmente a Chile, ya que se ha hecho evidente que la temática ambiental en nuestro país ha sido transversal a todos los gobiernos desde que ingresamos a la OCDE, así como el hecho de que esta agenda ha incrementado su relevancia a medida que vamos asumiendo los riesgos y oportunidades que nos ofrece.
Paralelamente se ha visto claramente que el cuidado y respeto por el medio ambiente es actualmente parte de las estrategias y agendas del sector privado en todos los sectores y regiones. El tema ha permeado fuertemente a las empresas (comenzando siempre por las que tienen mayor trayectoria y cultura de responsabilidad) e incluso se ha convertido en un sello que forma parte del ya reconocido ecosistema de emprendimiento de nuestro país. Empresas de todo tamaño, nacionales e internacionales, reconocen que no existen empresas exitosas en un planeta muerto. Decimos que las empresas se están descarbonizando a la vez que lo hace el país, al mismo tiempo que se descarbonizan las finanzas y se descarboniza el talento.
Es por todo lo anterior que resulta evidente esperar que este sea un tema transversal en el texto consensuado sobre la nueva Constitución. No podemos permitirnos que nuestra Carta Magna nos sitúe en los paradigmas ambientales del siglo pasado. Los imperativos del siglo XXI han demostrado que el respeto y cuidado por el medio ambiente son ya requisitos para el desarrollo, la competitividad y la superación de diversos ámbitos de vulnerabilidad social. No solo tenemos que detener el daño, sino que debemos avanzar aceleradamente en la épica epopeya global de comenzar a restaurar los ecosistemas de modo que de esa manera se puedan regenerar los servicios ecosistémicos que podrían seguir garantizando la vida de la humanidad en este maravilloso planeta.
La ciencia ha sido clara en demostrarnos que hay que hacer un giro de timón porque los desafíos ambientales actualmente son distintos a los que teníamos hace treinta años atrás, y los cambios no pueden esperar. Sería inconcebible que la nueva Constitución no se oriente en este sentido.
En las memorias y reportes de sostenibilidad, las empresas que son líderes en sus sectores y tienen alta credibilidad ya hablan de crisis climática, porque saben que revertirla es urgente. Las empresas hablan de prevención, precaución, economía circular, adicionalidad, adaptación, educación ambiental, regeneración, impacto social de la crisis ambiental y biodiversidad entre tantos temas vinculados al medioambiente; por lo tanto, sería esperable que la Constitución nos ayude a reforzar este camino para las próximas décadas, máxime en un contexto global en que los mercados están siendo cada vez más exigentes con el cuidado ambiental, al punto de comenzar a establecer impuestos de frontera para exigir que los productos y servicios tengan estas consideraciones desde el origen.
Muy relevante también es que se pueda reconocer la obligación del Estado y las personas en relación con la prevención y reparación del daño ambiental, incorporando la noción de regeneración, pues no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo, entre otros, ningún elemento de la valiosa biodiversidad que tiene nuestro país.
Si considero las estadísticas globales de ventas y valoración, la mayoría de las empresas han entendido la importancia de resguardar y proteger el medio ambiente y están haciendo importantes cambios en las industrias para lograr ese fin. Esperamos que la nueva Constitución otorgue a empresas públicas y privadas una orientación clara para el desarrollo de esas acciones a través de las políticas públicas que garanticen el cuidado del medio ambiente, como condición necesaria para nuestra propia sobrevivencia.
Por Gonzalo Muñoz, Champion ONU COP 25 y COP 26
