Columna de Gonzalo Muñoz S.: Mejores instituciones y capacidades para la convivencia escolar

Una de las consecuencias más duras de la pandemia a nivel mundial ha sido el aumento de los problemas de convivencia en las comunidades educativas. Así lo han relevado organismos como Unicef y Unesco, que han instado a los países a desarrollar una acción consistente con la magnitud del desafío. En Chile, las cifras muestran un aumento progresivo de las denuncias que recibe la Superintendencia de Educación Escolar en este plano, llegando a más de 12.500 el año 2023 (un 5% más que el año anterior). Evidencia complementaria muestra que han aumentado los casos de discriminación, la violencia entre estudiantes y el maltrato a adultos.

La política educacional en Chile ha abordado este tema en las últimas décadas y acumulado lecciones que hoy deben tenerse en cuenta, como la ineficacia de enfoques puramente punitivos, como el de “Aula Segura”. Sí se ha avanzado con normativas y protocolos, se han aportado recursos y apoyos especializados y se ha producido información sistemática sobre el estado de situación de la convivencia a nivel nacional, solo por dar algunos ejemplos. Desde el 2022, esto se ha complementado con distintas iniciativas en el marco del Plan de reactivación educativa, entre las que destaca el programa “A convivir se aprende”, del que hoy forman parte más de 1.800 establecimientos y 800.000 estudiantes.

En este escenario, el proyecto de ley de “convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas”, ingresado por el gobierno al Congreso, es otro paso adelante. El proyecto tiene un enfoque formativo (entiende la buena convivencia como un aprendizaje), busca dar coherencia a las distintas normas e iniciativas existentes (cuestión clave en un país que ha legislado parceladamente sobre este tema) y es consistente con las recomendaciones de distintos órganos colegiados y con propuestas anteriores de parlamentarios de distintos sectores. Avances importantes y concretos del proyecto son que se crean nuevas funciones y responsabilidades para las instituciones del sistema educacional y para otras que colaborarán bajo una perspectiva intersectorial; se mejoran y orientan los instrumentos clave para la gestión de la convivencia a nivel de las comunidades (plan y reglamento interno); se consolida la obligatoriedad de contar con coordinadores de convivencia (ahora con dedicación exclusiva y un perfil del cargo); y se establece un resguardo especial de los equipos educativos ante agresiones de estudiantes y apoderados, además de fortalecer el rol de los sostenedores en la prevención y sanción de conductas de acoso y violencia.

Por supuesto, una ley como ésta es una herramienta acotada y debe combinarse con un set amplio de políticas que pongan en el centro la preocupación por las relaciones que estamos construyendo al interior de las escuelas y liceos. En este sentido, es fundamental i) seguir profundizando los diagnósticos de la magnitud y tipo de problemas de convivencia que se están experimentando hoy, ii) asegurar la existencia de recursos profesionales para abordar los problemas de salud mental de niños, jóvenes y adultos, iii) promover y apoyar el uso eficiente de las distintas oportunidades de aprendizaje sobre la convivencia que existen en las bases curriculares, y sobre todo, iv) empoderar a los directivos, docentes y asistentes de la educación con formación y apoyo especializado, para que sean ellos los protagonistas de una respuesta institucional sólida para la conformación de una convivencia que favorezca el aprendizaje de todos y todas.

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, Facultad de Educación UDP