Columna de Gonzalo Said: “Modernización del Estado”

Todos los años asistimos a la discusión sobre el aumento del gasto público. En el mes de noviembre es común escuchar comentarios en clave política acerca de lo apropiado de la “expansividad” del desembolso fiscal para apoyar la economía o los “énfasis” del presupuesto del próximo año en temáticas de interés social. La discusión se centra exclusivamente en el “gasto marginal”, el aumento real y poco se mira el stock o, en otras palabras, la eficiencia de lo que ya se gasta.

Las reformas tributarias solo amplifican esta distorsión discursiva. Los gobiernos siempre parecen encontrar buenas razones para recaudar más, apoyados en posibles brechas con países desarrollados a los que aspiramos imitar, pero son reacios a recortar programas mal evaluados, rediseñar organismos públicos que no funcionan bien o consolidar esfuerzos duplicados.

Lo cierto es que Chile ha aumentado su gasto público de manera notable. A comienzos de la década de los ‘90 el gasto del gobierno central equivalía a 20% del PIB y en 2021 llegamos a 31% del PIB , que incluye el fuerte aumento producto de la pandemia, lo que equivale a un aumento anual del gasto del 7% real en promedio. Nuestro país tiene un gasto público en salud (4,8% del PIB) alto en comparación con los países de ingresos medios altos (3,2% del PIB), situación que se repite al analizar los datos de educación. Además, la dotación en el sector público chileno se ha casi duplicado en la última década, de acuerdo a la información oficial de la Dipres.

Está claro, sin embargo, que la provisión de bienes y servicios públicos no está a la altura de estos enormes desembolsos y el crecimiento progresivo en la estructura pública. Los chilenos tienen que padecer largas esperas para recibir atención en hospitales públicos o sufrir una educación pública de calidad discutible, solo por nombrar un par de sectores claves del aparataje fiscal. Un estudio de Libertad y Desarrollo detectó que un 27% de los programas evaluados en 2021 presentaron alguna deficiencia en alguno de los criterios evaluados, aunque reciben unos US$14 mil millones o el equivalente a un 4,5% del PIB.

Existe una oportunidad de oro para cambiar esta realidad y aspirar a un Estado 2.0. En la nueva Constitución se abre una ventana única para incorporar la modernización del Estado como un elemento estructurante y repensar el gasto público desde cero. Lejos de las consignas que marcaron el fracasado proceso anterior, es fundamental que los próximos consejeros constitucionales y, en particular la Comisión de Expertos, propongan un rediseño que incorpore elementos de eficiencia y modernidad a las reparticiones del Estado.

Las empresas privadas están obligadas a realizar procesos de planificación estratégica cada cierto tiempo para recoger los cambios profundos en el mercado y rediseñar la oferta de productos y servicios en función de las nuevas tendencias en la demanda. Si queremos mejorar la calidad de vida de los chilenos, es esencial aprovechar el proceso que comienza para diseñar una verdadera reconstitución del Estado en Chile.

* El autor es empresario.