Desde la más alta convicción del necesario encuentro entre el Estado y la sociedad civil para abordar problemas sociales profundos no podemos pasar por alto el daño ocasionado por las malas prácticas políticas descubiertas -las que podrían incluso constituir un delito- en algunas organizaciones de la sociedad civil. Si bien confiamos en que se trata de casos aislados, que no empañan la labor que realizamos fundaciones y ONG en la tarea de construir una sociedad más justa y equitativa en el país, la situación es extremadamente preocupante y requiere de medidas correctivas concretas que permitan mejorar y transparentar el uso eficiente de los recursos públicos.
Lo más urgente es (re)establecer el requisito de 5 años de experiencia para las organizaciones sin fines de lucro que reciben transferencias superiores a 2.000 UTM en la Ley de Presupuestos 2024. Pudiendo considerar plazos de experiencia diferenciados según el monto que podría administrar la organización. De esta manera, se asegura que solo aquellas organizaciones con una trayectoria sólida, conocimientos adecuados y comprobable estándar de cumplimiento, accedan a los fondos públicos, evitando así posibles malversaciones.
La transparencia debe ser un principio fundamental en todas las organizaciones sin fines de lucro. Por ello, se propone la obligación de que las fundaciones transparenten los salarios de sus ejecutivos directivos en sus sitios web, así como permitir el acceso a las cuentas bancarias de la organización para fines de fiscalización. Esta medida generará confianza en la gestión de los recursos y evitará posibles desvíos indebidos de los mismos. Junto con ello, debiera ser de público conocimiento la declaración de militancia política de directores de organizaciones que suscriban convenios con el Estado.
Asimismo, es crucial exigir declaraciones de interés y patrimonio anuales por el doble del período de ejecución de programas estatales para directores y personal de fundaciones que reciban más de 2.000 UTM. Esto permitirá prevenir posibles conflictos de interés y asegurar que aquellos encargados de administrar los recursos públicos, no se beneficien indebidamente de ellos.
También, se debe exigir la presentación de documentos de garantías de fiel cumplimiento previo a la suscripción de convenios con el Estado, por al menos el 10% de los montos a ser transferidos. De este modo se certifica previamente la capacidad financiera para administrar fondos públicos, a lo que luego se suman las garantías asociadas a anticipos y/o estados de pagos de los programas contratados.
La rendición de cuentas también debe ser una práctica constante. Por ello, se sugiere la publicación de informes periódicos que den cuenta del cumplimiento de los programas ejecutados con fondos estatales. Asimismo, se propone la presentación de una cuenta pública para aquellas organizaciones con financiamiento superior a 2.000 UTM anual, donde se detallen los avances en la ejecución de programas. De esta manera, se brinda transparencia y se posibilita una evaluación precisa de la gestión.
Es esencial establecer mecanismos de control y sanciones para aquellas organizaciones que no publiquen balances y memorias en sus sitios web y que reciban al menos 2.000 UTM anuales. Además, se debe rebajar el trámite de toma de razón de Contraloría para las organizaciones de la sociedad civil, prohibiendo la división de montos para evitar este control.
Por último, la creación de la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado es una buena noticia para las organizaciones de la sociedad civil que queremos desarrollar un trabajo de excelencia, regulado y transparente. Esperamos que, pese al acotado plazo, logre recoger la diversidad territorial y temática de estas instituciones para que sigamos contribuyendo solidariamente a la construcción de un mejor país.
Por Gonzalo Vial, director ejecutivo Fundación Huella Local
