Columna de Guillermo Carey y Matías Aránguiz: Una nueva era para la protección de datos personales en Chile

La reciente publicación de la ley de datos personales marca un punto de inflexión en la manera en que nos relacionamos con los datos y, más ampliamente, con la privacidad. Este cambio no solo redefine las responsabilidades de empresas, instituciones públicas y privadas, sino que también plantea un desafío ineludible: la correcta interpretación y aplicación de estas nuevas normas.

Si bien la ley constituye un avance esencial, su efectividad dependerá en gran medida de cómo sea interpretada por la Agencia de Protección de Datos Personales, los tribunales y las distintas agencias administrativas. Sabemos que las decisiones jurisprudenciales fijan el marco y alcance de derechos fundamentales, estableciendo precedentes que fortalecen la protección de garantías individuales desde la óptica de la privacidad. Las sentencias dictadas por los tribunales son la manifestación democrática que permite darle sentido práctico a la protección legal, razón por la jurisprudencia debe ser observada, meditada y comentada.

Además, con la introducción de sanciones que pueden alcanzar cifras multimillonarias, la rendición de cuentas se convierte en un imperativo. Las instituciones deberán documentar y analizar con rigor sus interpretaciones y decisiones, no solo para evitar multas, sino también para generar confianza en su gobernanza y prácticas. En este contexto, el seguimiento sistemático de la jurisprudencia y las decisiones administrativas no es solo una tarea técnica: es un pilar de la gobernanza moderna.

Más que nunca se vuelve urgente crear espacios que iluminen las tendencias en protección de datos y regulación tecnológica, tener instancias de control de gobernanza y un espacio colaborativo que permita abrir la discusión a distintos actores y, con ese sustento, aportar en el desarrollo de la futura normativa digital. Aspiramos a que el Observatorio Calímaco, que desarrollamos en alianza, no solo analice las decisiones jurídicas y administrativas, sino que también contribuya al debate público, a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de la privacidad en el entorno digital.

Es necesario contar con espacios para el análisis y la regulación de tecnologías emergentes, generando propuestas que impulsen el desarrollo nacional. Así se creará una comunidad para generar un impacto positivo, promoviendo el crecimiento del ecosistema tecnológico.

Los desafíos que suponen las nuevas tecnologías atraviesan todos los ámbitos productivos de la sociedad, y no son materia exclusiva de especialistas en tecnología o derecho. Por ello, crear un espacio abierto para la educación, el debate público y el análisis crítico sobre la regulación de nuevas tecnologías, facilitar la colaboración entre actores clave como la industria, profesionales legales, administración pública, judicatura y academia; y promover la innovación y fortalecer una economía digital robusta es indispensable para avanzar hacia la sociedad del Siglo XXI.

La implementación de esta ley nos brinda una oportunidad para construir un sistema robusto y transparente en torno a la privacidad y la tecnología. El éxito de este esfuerzo dependerá de nuestra capacidad colectiva para aprender de las decisiones que moldearán este nuevo escenario.

Por Guillermo Carey, socio del grupo Propiedad Intelectual, Tecnología y Protección de Datos en Carey, y Matías Aránguiz, profesor y subdirector del Programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la UC.