En los últimos años, la discusión política en Chile se constitucionalizó. Entendible. La Constitución original de 1980 era simultáneamente programática y rígida. Con mucha razón, al inicio, pero cada vez menos, el centro y la izquierda se habituaron a culpar a la Constitución, mientras la centroderecha fue ciega y sorda en no entender a tiempo la necesidad de cambios. De a poco nos entrampamos en un marasmo de incertidumbre -una crisis de nuestro contrato social- que durante nueve años ha tenido costos económicos gigantescos. Después de las reformas de 2020 y 2021, la vigente es la Constitución más flexible imaginable y su carga programática se ha reducido.
Sobre esta base es que tenemos que tomar decisiones para cerrar lo constitucional y volver a hablar de política pública. La decisión de diciembre hay que mirarla a la luz de la respuesta a cómo cerrar el tema constitucional. No será fácil.
Como el Consejo insistió con un texto programático y rígido, el tema constitucional solo se cerraría con un triunfo masivo que le diera a este una legitimidad de origen incontrarrestable. Nadie cree que esto pueda ocurrir. Mas bien, es posible que sus opciones programáticas sean intensamente debatidas en los próximos años y su rigidez dará razones para seguir pensando que el problema es la Constitución. Votar a favor no cierra este capítulo.
Pero no basta votar en contra. Luego de dos procesos constituyentes fallidos, espero que sea claro que una asamblea constituyente no es la forma de tener una nueva Constitución: es un mecanismo polarizador, que constitucionaliza cosas que no debe y, por lo tanto, rigidiza y divide.
El camino es otro. El Congreso actual debe emplear su poder constituyente con oportunidad y efectividad. Para ello, deberá reformmente el texto vigente con las mejoras del texto del Consejo. Hay cuatro puntos destacados: el marco de Estado democrático social y de derecho (límite impuesto por el Congreso), el umbral de representación parlamentaria (aun si su implementación es lenta y no elimina pactos), las reglas antidíscolos, e innovaciones como la oficina presupuestaria del Congreso.
Los partidos deben asumir hoy este compromiso de reforma. Ello está en el interés del centro y la izquierda. Aun cuando no lo pueden decir actualmente, si gana el En contra estará en el interés de la derecha.
Con esto, la cuestión de legitimidad de la Constitución vigente se torna irrelevante; será otro texto, sin trampas y mejor régimen político. Con estas reformas, la Constitución vigente será plenamente legitima. Esta es una decisión política que hay que explicitar. Si es correcto que en esas condiciones la Constitución vigente dejará de ser programática y gane flexibilidad, el sistema político deberá mostrar en los años próximos que puede poner al país en una senda de desarrollo sustentable e inclusivo.
Por Guillermo Larraín, académico FEN Universidad de Chile
