Chile será, de acuerdo con el FMI, el único país de las Américas que estará en recesión durante 2023. Las razones son específicas y se asocian a la incertidumbre que se generó con el proceso constituyente fallido. Como se ha dicho, la incertidumbre es pésima para la economía y el proceso anterior la elevó a niveles desconocidos. En ese contexto, era razonable que decisiones de inversión y de consumo de bienes durables se postergaran. Estas últimas tuvieron su “veranito de San Juan” con los retiros de fondos de pensiones, pero ya pasó. Chile está viviendo en plenitud las consecuencias de nuestro irresuelto problema constitucional.
Esto se aprecia en las cifras de inversión. Más allá de proyectos específicos en energía renovable y minería, el resto no es auspicioso. Las perspectivas para la inversión en 2023 son débiles según el Banco Central. El consumo sigue ajustándose a la baja en todos los rubros salvo en servicios. Esto refleja una normalización luego del boom provocado en parte por los retiros. Pero otra parte se asocia a las malas perspectivas del mercado del trabajo. La economía está creando pocos empleos (en el sentido que hay menos hoy que antes del estallido social, tres años atrás) y la inflación está horadando los salarios reales.
Chile necesita generar condiciones para que aumente la inversión y se creen empleos. La receta es simple y se podría hacer, pero se requiere destreza en muchos frentes.
En lo estructural, hay condiciones para que la incertidumbre desaparezca. El problema constitucional ya tiene un camino, aunque hay que transitarlo. En 2023, Chile puede tener una nueva Constitución que podría enrielar al país por una senda de progreso de décadas si los contenidos evitan los extremos, son razonables y socialmente se perciben como legítimos. Cuando debatan los expertos y logren acuerdos, si los consejeros electos logran representar al país y empieza un debate con altura de miras, franco y constructivo, la desaparición de la incertidumbre podrá consolidarse.
En lo cíclico, hay una capacidad instalada no utilizada, en particular en el mercado del trabajo. La clave es que la recuperación cíclica de la economía podría coincidir con la eliminación de la incertidumbre. Con una situación fiscal sana e instituciones sólidas, el próximo año y siguientes pueden tener un crecimiento económico importante. Si el panorama internacional también se estabiliza en ese horizonte, la consolidación de estos dos aspectos debiera producir un efecto positivo sobre la inversión a finales de 2023.
El gobierno puede ayudar a que el inicio del ciclo expansivo ocurra antes y coincida con las condiciones estructurales, o se postergue. Los avances en algunas áreas han sido empañados por errores de alto valor simbólico. Esta semana fue la discusión extemporánea y conceptualmente equivocada sobre un royalty al sector forestal. Es obvio que hay que tener una conversación al respecto, pero mencionarla en medio de la crisis es ¡echarle leña al fuego! Antes de ese evento fue el error no forzado de los indultos, y antes fueron las declaraciones sobre la situación política en Perú.
Hay una bonanza económica potencial hacia 2024 que todavía podría afectar positivamente en 2023. Pero para que se consolide, se requiere un gobierno que, en su conjunto, aprenda más rápido qué decir, cuándo y cómo.
Por Guillermo Larraín, académico, FEN, Universidad de Chile
