Que nadie se llame a equívoco: la corrupción que hemos conocido a raudales el último año le hace pésimo al país. No es un problema que atañe solo a las personas investigadas. Hay externalidades asociadas a ellas: ¿cuánto y cómo se benefician de las leyes quienes las escriben y las interpretan?, ¿cuánta mayor protección reciben del sistema judicial aquellos que son más cercanos a los grupos de poder?, ¿qué mérito, más allá de la cercanía a esos círculos, tienen determinadas personas para ganar lo que ganan?
Al chileno medio le plantean una cuestión de fondo: ¿por qué debo someterme a las leyes y respetar las instituciones? Si a raíz de estos eventos la gente empezara a dudar someterse a las leyes y respetar las instituciones, entonces habrá empezado la decadencia. ¿Cómo evitarlo?
Hay que entender qué significa esto porque este proceso no es igual en Chile que, digamos, en Perú. Según el Índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, Chile está en la posición 29 y Perú en la 121 de un total de 180 países. En Perú hay más corrupción percibida que en Chile, sin embargo, hay más crecimiento en Perú que en Chile.
La corrupción demuele las instituciones. Como lo recuerdan Acemoglu y Robinson, estas son las encargadas que generar sociedades más o menos inclusivas. Perú crece, pero no es una sociedad inclusiva. Desde 1990 Chile ha hecho esfuerzos por incluir a grupos excluidos: los sectores agrícolas, urbanos e incluso étnicos. Desde 1990 Chile es un exitoso, aunque paradojal, caso de crecimiento inclusivo. El contrato social chileno tiene la promesa de inclusividad.
¿Puede Chile retomar esa tradición? Es posible, pero es crucial cómo reaccionemos a la corrupción, que recién conocemos hoy pero que ocurrió en el pasado. Los dos puntos clave son cómo corregimos las instituciones y con cuánta justicia -en el sentido de severidad del castigo proporcional a la gravedad de la falta- se sanciona a los infractores. Lo importante es que la sociedad entienda que la reforma es efectiva y la sanción justa.
Si se examinan los casos de corrupción previos, como por ejemplo de financiamiento ilegal de la política, hubo reforma y sanción, pero imperfectos, insuficientes. Esto es particularmente el caso con las sanciones. Las “clases de ética” a los sancionados marcaron indeleblemente todo el proceso Penta.
Las sanciones deben ser ejemplificadoras, pero en este caso no involucran tanto a empresarios sino a personas ligadas a la política. ¿Será capaz el sistema político de sancionar a sus pares y generar la señal que requieren los chilenos para entender que todos somos iguales ante la ley?
El esfuerzo es titánico para un sistema político fragmentado, un Poder Judicial cuestionado y, ahora, un Presidente debilitado. Pero habrá que hacerlo, debemos resistirnos a pensar que Chile se jodió, como a algunos comentaristas alarmistas les gusta decir.
Por Guillermo Larraín, académico FEN U. de Chile
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.