En economía no existe la magia. Dados ciertos parámetros estructurales como la tasa de cotización, la edad legal de jubilación y la expectativa de vida, la diferencia de resultados entre un sistema de pura capitalización y de puro reparto dependerá fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, de la diferencia entre la tasa de retorno de los activos en el sistema de capitalización y el crecimiento de la planilla laboral en el de reparto puro. Hoy esas tasas son comparables. No lo fueron en el pasado cuando el rendimiento de los activos excedía con creces al poblacional. Hoy la caída en la tasa de fertilidad augura que la planilla ralentizará su crecimiento, pero la dificultad para hacer crecer la economía tampoco presagia grandes retornos al capital.
Dentro de estos dos polos, hay una infinidad de combinaciones entre elementos de capitalización individual, capitalización colectiva, transferencias intergeneracionales, transferencias intrageneracionales o seguros de longevidad, entre otros, que pueden hacer que la reforma mejore. Lo que podemos asegurar es que no existe un diseño óptimo mejor en todas las dimensiones a cualquier alternativa. Aquella combinación que es mejor en una dimensión lo es peor en otra.
Por esta razón es que cuando el debate lo domina el economista, es muy difícil llegar a un consenso. Por ejemplo, si toda la cotización del empleador va directo a la cuenta individual del trabajador, éste recibe un incremento en su ahorro importante. Pero aquel que sufrió un despido voluntario o involuntario no recibirá tal incremento en el ahorro.
Este ejemplo muestra que el problema de fondo es político. Es el mundo político el que tiene que tomar definiciones complejas y que se pueden resumir en quién queremos que absorba el riesgo. Cuando uno dice que toda la cotización vaya a la cuenta individual está diciendo que quiere que todo el riesgo lo asuma el individuo. Cuando se quiere ir a un sistema de reparto está diciendo que quiere que todo el riesgo lo asuma el Estado. Entre estas dos posiciones extremas, el mundo político chileno debe definir cómo quiere distribuir riesgos entre cotizantes, pensionados, desempleados, empresas y Estado. Lo que tienen que definir políticamente nuestros representantes es cuánto riesgo financiero puede razonablemente asumir el cotizante, cuánta incertidumbre está en condiciones de asumir el pensionado, qué responsabilidad tiene un adulto mayor respecto de su propia longevidad, cómo hacer que la empresa privada que gestiona el ahorro obligatorio obtenga un retorno justo por su trabajo profesional de gestionar riesgos, y que riesgos puede razonable y sosteniblemente asumir el Estado.
Como no existe un óptimo, en lo que sí podemos ayudar los economistas es en desechar ideas totalmente erradas (como un sistema de reparto o de capitalización puros) pero sobre todo podemos ayudar en optimizar un diseño una vez que éste haya sido decidido por las autoridades políticas.
Por Guillermo Larraín, profesor de la FEN U. de Chile
