El reciente fallo GES ha marcado un punto crucial en nuestro sistema de salud y su impacto inminente se suma a los fallos previos de la prima base y las tablas de riesgo dictados en 2022.
Esto conlleva a una disminución significativa en los ingresos del sistema de cerca de US$560 millones al año, y si consideramos también el efecto del fallo de la tabla de riesgos que, según cálculos de la Superintendencia, generaría una deuda de US$1.400 millones y una reducción del 8% al 10% en los ingresos anuales del sistema; nos enfrentamos a una crisis financiera de magnitudes que de no impedirse afectará a todo el sistema de salud y especialmente a los afiliados de tercera edad y a aquellos en tratamiento y/o con preexistencias.
Sin embargo, aún podemos prevenir esta debacle sistémica y la solución radica en una respuesta política concertada. Para esto hay tres acciones fundamentales:
1) Es esencial definir una metodología más realista para calcular la deuda que las Isapres deben pagar, cumpliendo con la sentencia de la Corte Suprema, sin que ello genere desequilibrios financieros insostenibles para estas instituciones. Esto requiere un enfoque ponderado que reconozca los intereses tanto de los afiliados como de las Isapres.
2) Establecer una metodología de ajuste de la prima base que compense los efectos de la nueva tabla de riesgos y la aplicación de los valores fijados por la Corte Suprema para el plan GES. Esto debe mantener un equilibrio financiero en el sistema sin impactar negativamente a los precios finales que los afiliados pagan, evitando así una crisis sistémica.
3) Reconocer que el marco regulador de las Isapres está agotado es un primer paso importante. Se debe buscar la manera de introducir transformaciones a las Isapres o, si es necesario, crear una nueva institucionalidad privada con principios de seguridad social. Cualquier alternativa que se escoja debería resolver los problemas fundamentales que aquejan a los usuarios: selección al ingreso, libre movilidad, control de costos, fijación de precios transparentes y cobertura amplia.
El tiempo es crítico. Con el fallo GES próximo a aplicarse (probablemente en octubre de 2023), se avecina una disminución sustancial en los ingresos mensuales del sistema, estimada en US$47 millones. Esto afectará a las Isapres, algunas más que otras, en su solvencia financiera, lo que podría llevarlas al borde de la insolvencia y la quiebra. Si no actuamos con celeridad, el colapso financiero de una Isapre podría ser el detonante de una crisis social y política de proporciones alarmantes.
En tanto, la política debe asumir el liderazgo y llevar a cabo estas medidas con inteligencia legislativa para asegurar un sistema de salud sostenible. El Poder Judicial, como hemos visto, no puede resolver adecuadamente estos asuntos sin una base sólida de políticas públicas efectivas. La hora de la acción es ahora, antes de que sea demasiado tarde y enfrentemos consecuencias más graves que las enfermedades que tratamos de remediar.
Por Héctor Sánchez, director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB
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