Columna de Héctor Sánchez: Listas de espera, prioridad en salud
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Ahora que el Covid comienza a quedar atrás, nuestro sistema de salud enfrenta un desafío enorme: reducir las listas de espera, un problema que si bien se arrastra hace décadas por razones estructurales, fue agudizado luego de que todo el sistema de salud, público y privado, se volcara a combatir la pandemia, con un resultado sin duda exitoso, pero que obligó a postergar la atención de una serie de patologías.
Esto ha sido asumido por la ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, quien no solo ha señalado que entre las prioridades de su gestión está “aumentar la producción de la red asistencial, acercar las soluciones a las personas y mejorar la gestión de las personas en listas de espera”. Además, ha puesto énfasis en que esto debe realizarse integrando la red de prestadores privados, un juicio de realidad que da esperanza que como país enfrentemos con decisión uno de los mayores problemas del sistema de salud chileno, las listas de espera.
Sin embargo, hay acciones del gobierno que parecieran no estar enmarcadas en la búsqueda de soluciones integrales al problema de las listas de espera, como es el copago cero recientemente implementado, calificada según el Presidente Boric, como la principal medida de salud pública de los últimos 16 años. Ésta apunta a reducir el gasto de bolsillo de los beneficiarios del Fonasa que “si y solo si” se atienden en la modalidad de atención institucional MAI, lo cual tendrá un impacto social muy menor. Además, se pierde la oportunidad de contribuir a la solución del problema de las listas de espera, ya que no se hace extensiva la medida a los mismos beneficiarios cuando éstos utilicen la modalidad de libre elección, descomprimiendo el sistema público de salud.
Esto se desprende del estudio recientemente publicado “¿Qué pasará con la libertad de elegir de los pacientes y sus opciones para salirse de las listas de espera?”, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, el quinto realizado en el contexto del debate sobre una nueva Constitución y las propuestas de reforma a la salud planteada por el gobierno.
En efecto, seguir colocando incentivos para recargar el sistema público prestador sin antes introducir reformas profundas a sus modelos de gestión y de atención es el camino equivocado, ya que más de 2.4 millones de personas, hogares, al fin y al cabo, sufren las listas de espera. No cabe duda que una percepción negativa de las personas respecto del funcionamiento del sistema público se vio reflejado en los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, al proponer el texto constitucional y las políticas de gobierno un sistema de salud más estatal como fue la política del copago cero solo para la atención institucional estatal.
Indudablemente esta nueva realidad obliga a las autoridades a evaluar políticas públicas que se diseñen e implementen con mayor apertura ideológica y sentido de realidad, de forma tal de dar respuesta pronto a los graves problemas del sistema de salud, como son las listas de espera, con una visión de país y aprovechando todos los recursos disponibles estén éstos en el sistema público o privado.
Por ejemplo, si el objetivo de política pública es reducir el gasto de bolsillo de las personas, además de copago cero para la modalidad de Atención Institucional, el foco debió haber estado en la Libre Elección, incentivando la compra de soluciones en atención ambulatoria y hospitalaria, con lo cual, además, se habría contribuido a enmarcar la Libre Elección en un modelo más eficiente que el actual, orientándose más a la compra de soluciones en vez de prestaciones, haciendo de esta forma más costo-efectivo el sistema de libre elección y contribuyendo en forma efectiva a reducir las listas de espera y a la larga el costo del sistema.
La actual ministra de Salud, con la apertura mostrada en sus primeras declaraciones públicas, alienta a que habría mayor apertura a escuchar nuevas propuestas de políticas públicas y de reforma que permitan avanzar en la solución real de los problemas de las personas.
Por Héctor Sanchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello
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