Columna de Héctor Soto: Ahora sí: el año decisivo

Todo hace pensar que la discusión de la reforma a las pensiones, que estuvo durmiendo por un año en el Senado, ahora va a ser dura. Eso se sabía antes, cuando el gobierno estuvo dispuesto a negociar, y se sabe ahora, cuando tiró el mantel de la negociación y presentó el mismo proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, aunque fortaleciendo el Pilar Solidario. Tal como está, las posibilidades de que la reforma se apruebe son remotas, de partida por la oposición, que hace tiempo que cerró filas en torno a la idea de destinar el 6% de la cotización adicional al sistema de reparto, no obstante la impopularidad de esta fórmula. Diversas encuestas señalan que la mayoría ciudadana prefiere que la totalidad del aumento de la cotización -y no solo la mitad, como plantea el proyecto del gobierno- vaya a las cuentas individuales de cada afiliado.

Si eso es así, la verdad es que cuesta entender la brecha que hay entre las percepciones y aspiraciones ciudadanas y lo que el establishment político considera mejor para la gente. Lo que sorprende no es tanto la magnitud de la brecha, que es enorme, sino el nulo esfuerzo de las dirigencias -porque hasta aquí no se ha hecho ninguno- por intentar persuadir a la mayoría de la población de las ventajas que respecto de la cotización adicional tendría el sistema de reparto. El mantra que se repite una y otra vez es que es más solidario. Y eso, claro, no es tan cierto, porque fabrica solidaridad con los recursos no de los más ricos, que casi siempre están al margen del sistema de pensiones o porque están favorecidos por el tope máximo imponible de 120 UF, sino con la plata de los sectores medios, lo cual remite a una noción por lo bajo bien distorsionada de la solidaridad y la justicia social.

Como el gobierno tiene derecho a presentar su proyecto y la oposición a rechazarlo, lo lógico sería que, al margen de la “technicality” legislativa, que en su momento quizás revisará el Tribunal Constitucional, el tema quedara sometido a la voluntad popular, particularmente en un año que a falta de una elección tendremos seis o más, considerando las posibilidades de segunda vuelta. Que dirima entonces la gente. Que el gobierno y la oposición expliquen y den razón de sus posiciones. Que asuman, en definitiva, su responsabilidad. En esto, después de todo, consiste la democracia representativa y es sano recordarlo en momentos en que la conciencia democrática pareciera estar literalmente confiscada o adormecida, sobre todo en la centroderecha, por el bienintencionado propósito de alcanzar grandes acuerdos respecto de todo y al precio que sea.

Cuidado. Sin duda que los acuerdos son valiosos y útiles para la convivencia. Pero hay buenos y malos acuerdos. Y los malos son nefastos, por muy transversales que sean, como lo puso de relieve a fines del año pasado el segundo retiro del 10%. Fue una medida populista y regresiva. Ahora, el actual gobierno, el Presidente mejor dicho, tardíamente, pareciera haberse percatado, después de muy largos meses que renunciar totalmente al principio de la capitalización individual lo ponía no solo al lado equivocado de la historia, sino también al lado contrario de sus propias convicciones. Es raro que haya tenido que pasar tanto tiempo para darse cuenta. Raro, aunque más vale tarde que nunca.

Si los acuerdos ya fueron difíciles en los últimos tres años, todo indica que este año serán imposibles. Incluso de asuntos tan delicados y urgentes como La Araucanía. Hasta cierto punto, es lógico que así sea. El endurecimiento de las posiciones es coincidente, por lo demás, con las expectativas que genera la convención constitucional, que de una plumada podría borrar con el codo lo que ahora se escriba con bellísima caligrafía. Este es un año muy político, un año de muchas definiciones. Hay que romper las burbujas. El gobierno a quien tiene que convencer no es a los líderes de la oposición, sector que estuvo a fines del año 2019 a solo seis votos de destituirlo, porque así entiende la democracia la actual legislatura, sino a la ciudadanía, y para eso hay que ir menos al Congreso y más a las poblaciones, más a los sindicatos, más a los barrios, a la televisión y a la calle.

Por hacerles caso a las élites políticas el gobierno se equivocó tanto en su diagnóstico del llamado estallido social como en varias de las políticas confusas con que reaccionó a la intentona de desestabilizarlo. Se paralogizó. Estuvo muy cerca de abdicar a la función de gobernar, reacción que se ha vuelto a repetir en el conflicto del sur. Un gobierno no puede renunciar a aplicar la ley a como dé lugar. Y si no puede hacerlo, más vale que lo diga y lo reconozca ante la ciudadanía, señalando qué le falta: ¿Instrumentos legales, capacidad operativa, voluntad política, tecnología, inteligencia, qué? Es ahora cuando hay que contarle la verdad al electorado. Porque es el electorado -y no las élites políticas- el que este año decidirá. Menos mal.