Columna de Hermann González: “Cambios al mercado del gas licuado: un experimento arriesgado”

Cuando cualquiera de nosotros pide un cilindro de gas para la cocina, la estufa o la parrilla, usa una aplicación o llama por teléfono y, en un lapso corto de tiempo, recibimos un balón de una de las tres marcas que operan en el país. Ese cilindro, además de llegar rápido -lo que se agradece porque muchas veces se necesita con urgencia- lo recibimos con la tranquilidad de que cumple con las condiciones de seguridad necesarias para, por ejemplo, encender la estufa al interior de nuestras casas. El proceso funciona bien y lo consideramos algo normal.

Este es precisamente uno de los aspectos que se busca cambiar con el proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso en el cual se desintegra o separa la distribución mayorista -de las empresas que todos conocemos- de la distribución minorista que hoy está a cargo de miles de pequeñas empresas. El primer punto para tener en consideración es que desintegrar esta relación podría implicar que estas pequeñas empresas se queden sin el respaldo financiero, sin los locales o sin el capital de trabajo que hoy obtienen con el apoyo de los distribuidores mayoristas. Siendo así, solo algunas podrán sobrevivir. Algunos analistas desmienten esta relación de dependencia, por lo que será necesario que en la discusión del proyecto de ley en el Congreso se escuche a los distribuidores minoristas para saber de primera fuente qué pasaría con ellos ante una eventual desintegración de la industria.

Otro riesgo de la desintegración es que baje la calidad y la seguridad del servicio que hoy son garantizados por los distribuidores mayoristas. Si el proyecto prospera tal como está, no habrá una marca detrás del cilindro de gas que llegue a su casa que le dé la garantía de calidad de servicio y despacho en tiempo y forma, como ocurre hoy. Mantener los actuales estándares tiene un costo y es algo valorado por los consumidores.

Por otra parte, uno de los objetivos declarados del proyecto es que baje el precio del gas licuado. Lamentablemente eso es algo que nadie puede garantizar por una razón muy simple: la mayor parte del gas licuado que se consume en Chile es importado y, en consecuencia, su precio depende en gran medida del precio de referencia internacional y del tipo de cambio. La baja asociada al componente local del precio, vinculada principalmente con los costos de comercialización del producto, no necesariamente bajará con estos cambios.

Uno de los temas en los que existe alto consenso es que la competencia es positiva para los consumidores, porque permite mejorar la calidad del servicio y reducir los precios. Pero hay distintas formas de aumentar la competencia y en este proyecto se ha optado por un experimento arriesgado. En este sentido, es necesario recordar la experiencia del “gas a precio justo” que dejó en evidencia un profundo desconocimiento sobre cómo funciona la industria y los altos costos en que se incurre precisamente en la distribución de un cilindro. ¿Se puede hacer algo distinto para aumentar la competencia? Por supuesto. Por ejemplo, se podría facilitar aún más la posibilidad de que las empresas minoristas cambien de proveedor y aumentar la fiscalización sobre el intercambio de cilindros si existen dudas sobre la forma en que opera este proceso. Si el mayor problema es el precio, debemos exigir a las empresas más transparencia y permitir más competencia, por ejemplo, facilitando el ingreso de nuevos actores.

En definitiva, un proyecto de estas características debe ser discutido en detalle y es de esperar que el debate en el Congreso y en la mesa técnica que se formará para el efecto incluya propuestas para fortalecer la competencia, pero sin poner en riesgo ni a las pequeñas empresas distribuidoras, ni la calidad y seguridad del servicio. Ese es el desafío ahora.

* El autor es coordinador macroeconómico de Clapes UC.