El proyecto refundacional que se presentó en noviembre de 2022 para reformar el sistema previsional chileno ha ido mutando paulatinamente a una versión menos radical, si bien todavía con rasgos incompatibles con la idea de que las cotizaciones deben tener como destino las cuentas individuales de los trabajadores en un régimen de libertad de elección.
De la derogación del DL Nº 3.500 que creó el sistema de AFP, instaurando un virtual sistema de reparto con la cotización adicional de 6 por ciento a través de un sistema de cuentas nocionales, proponiendo una separación de la industria que creaba un monopolio estatal en la gestión de las cuentas de los trabajadores y que conducía también a un control del Estado en la administración de los fondos previsionales, la discusión política ha permitido ir sacando del tablero los elementos más extremos. No obstante, persiste en el proyecto la idea de separar la industria creando un ente único a cargo de la administración de las cuentas y de destinar parte de la cotización adicional para el financiamiento de beneficios solidarios. Todo esto ha impedido avanzar en una iniciativa que debería tener como único norte el mejoramiento de las pensiones, combinando los beneficios que entrega el pilar solidario -financiado con rentas generales- con una mayor pensión construida a partir de cotizaciones ingresadas en cuentas individuales.
Para contribuir a destrabar la discusión del proyecto se constituyó una comisión técnica, cuyo informe se dio a conocer la semana pasada. Y aunque persisten desacuerdos en materias que son clave, como el destino del 6 por ciento y la forma de incorporar mecanismos de solidaridad, sí se logró una visión consensuada en temas relevantes que han venido entrabando la discusión: incrementar gradualmente la tasa de cotización en 6%; no separar la industria; no aumentar la cobertura de la PGU del 90% al 100% de la población; focalizar la ayuda solidaria en las mujeres y en quienes exhiben bajas tasas de reemplazo; incrementar la competencia a través de la licitación de grupos de afiliados, pero con opción de retracto y eventualmente de no participar en el proceso; y mantener el cobro de la comisión sobre la remuneración mensual y no sobre el saldo acumulado. Aunque estas últimas son propuestas discutibles en el plano conceptual -y constitucional-, se privilegiaron razones de orden práctico para proponer este camino, lo cual en lo que respecta a la licitación parcial de afiliados no la exime de un elevado riesgo operativo, que debería ser calibrado con mucha precisión antes de tomar una decisión final.
Lo resuelto por el grupo técnico asesor está lejos de constituir un acuerdo político, pero tiene el mérito de entregar recomendaciones que abren un espacio adicional para seguir las conversaciones, quedando todavía importantes nudos pendientes. Ojalá se pueda alcanzar un acuerdo, pero esto no debe ser a cualquier costo. Lo fundamental debe ser la búsqueda de un arreglo institucional que permita mejorar las pensiones en forma sustentable y al menor costo posible, tanto en el pilar solidario como en el pilar contributivo.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo
