Como dijo Víctor Hugo: “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”; frase que aplica plenamente al tema de la necesidad de modernizar el Estado chileno. A pesar de las numerosas propuestas que se han venido acumulando por más de una década en relación a esta materia, salvo temas específicos -aunque no por ello menos importantes-, como es el caso de los avances en digitalización, en la forma como el Estado se relaciona con los ciudadanos (Chile Atiende) y en la disminución de trabas burocráticas en algunas reparticiones, por citar tres ejemplos, en los aspectos más de fondo hay grandes ideas que no han logrado salir de los estantes donde reposan los libros y documentos que las albergan.
Tal vez la última “gran reforma” haya sido la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, cuyo propósito fue el de proveer a las instituciones gubernamentales de personas calificadas para ocupar cargos de alta responsabilidad, a partir de un sistema de concursos en los que una comisión autónoma le presenta una terna de candidatos a quien debe tomar la decisión final. Más allá de las limitaciones que ha tenido esta herramienta para el cumplimiento de sus objetivos y de los perfeccionamientos que sería necesario introducir, cabe traer a la memoria que este fue un cambio mayúsculo que logró consensuarse durante el gobierno del expresidente Lagos, en el marco de un contexto de extrema inestabilidad que se generó a raíz del caso MOP-Gate.
La situación actual en materia de irregularidades en la asignación de fondos públicos, donde a los deficientes sistemas de control que se han detectado hay que sumar negligencia funcionaria en algunos casos y de visos de corrupción en otros, tiene ribetes que en algunos sentidos son comparables a los que se vivieron en aquella oportunidad, lo que está significando que altas autoridades de gobierno estén en una situación muy compleja. Este es, por tanto, el momento preciso para aplicar cirugía mayor en el funcionamiento del aparato estatal.
El Pacto Fiscal para el Desarrollo propuesto por el Presidente Boric contiene elementos que apuntan a introducir mejorías (mayor transparencia, mejor rendición de cuentas, creación de una agencia que evalúe la calidad de las políticas públicas, entre otras), pero abarcan solo una parte del problema. En todo lo referido a normas de contratación de personas y empleo público en general, pasando por los criterios para seleccionar los cargos de confianza, hay deficiencias significativas que deben subsanarse, pero ello es muy difícil de lograr en un contexto político normal, por las inevitables presiones que ejercen los grupos de interés.
Son los tiempos tempestuosos como el actual los que abren una ventana para lograr acuerdos que permitan abordar estos temas con mayor profundidad. Las ideas ya están y el momento político ya llegó. Solo cabe esperar que quienes tienen facultades para construir acuerdos aprovechen esta oportunidad.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
