Por esas paradojas del destino, los retiros de fondos previsionales aprobados en los años 2020 y 2021, que se tradujeron finalmente en una reducción de aproximadamente el 25% del valor de ahorros totales acumulados hasta esa fecha -comprometiendo seriamente el nivel de las pensiones futuras de buena parte de la población-, tuvieron como efecto colateral una validación del sistema vigente respecto de la propiedad individual de los fondos. Cuando muchos afiliados creían que esos recursos no existían y eran una mera ficción, o bien atribuían su propiedad a las propias AFP e incluso a los grupos empresariales, la opción del retiro les permitió experimentar que eran ellos los verdaderos dueños de esos ahorros. Y esto explica que, en el marco de la discusión de la reforma previsional en trámite, la ciudadanía manifieste una preferencia por mantener en cuentas individuales la mayor proporción de la cotización adicional que se está proponiendo.
Y es en este contexto que, con el propósito de ayudar a paliar los efectos que el cuadro recesivo por el que empezamos a atravesar va a tener en la población, un grupo de parlamentarios ya está trabajando un proyecto de nuevo retiro. Más allá de los temas de constitucionalidad envueltos, del impacto negativo adicional en las pensiones futuras que ello implicaría -ya con los tres retiros se estimó una disminución de un 28% como promedio-, y del impacto en la inflación que ellos tuvieron -causa importante del ajuste recesivo en marcha-, va quedando meridianamente claro que el afán último de una iniciativa de este tipo es continuar con el proceso de desmantelamiento del pilar contributivo basado en la capitalización de los aportes en cuentas individuales.
La discusión y tramitación legislativa de la propuesta de reforma impulsada por el gobierno está dejando a la vista que hay diferencias sustantivas en las posturas de unos y otros, tanto en lo referido a la nueva organización de la industria como en relación al destino del 6% de cotización adicional, habiendo buenas razones para defender las ventajas de un pilar contributivo basado en la capitalización en cuentas individuales, así como una organización de la industria basada en la competencia entre distintos actores. Esto, en contraposición a una estructura que presenta el serio riesgo de convertirse en un monopolio estatal, tomando en cuenta que la administración de las cuentas y los pagos de pensiones van a recaer en una entidad pública, y que será otro organismo estatal el que va a administrar la cotización adicional del 6%, y que adicionalmente va a recibir “por defecto” la cotización del 10,5% de los nuevos afiliados. Sin perjuicio de las buenas razones para oponerse a un giro de este calibre, no se debe perder de vista que en las actuales circunstancias el statu quo no es una opción válida, ya que de no lograr concordarse una solución intermedia el fantasma de los retiros seguirá rondando, y por mera inercia el sistema de capitalización individual podrá terminar sepultado.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
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