El ambiente de incertidumbre que hoy prevalece en el país mantiene nublado el horizonte de una economía cuyos signos de estancamiento son evidentes. Y aunque los factores que van a incidir para lograr salir del pantano, creando nuevos empleos, incrementando los salarios, aumentando la inversión, generando mayor innovación y mejorando la productividad, son de amplio espectro, no se puede desconocer que un buen desenlace del proceso constitucional en marcha sería un importante paso para vencer la inercia que nos tiene estancados. Si bien es cierto que una Constitución no es una llave maestra que por sí misma resuelve los problemas de fondo que nos afectan, sí cumple el rol de establecer un marco que determina las reglas del juego a partir de las cuales se desenvuelven los distintos actores, se fijan límites al accionar de cada uno de ellos y se establecen normas claras para procesar las diferencias.
Sin ser perfecto, el texto aprobado por el Consejo Constitucional tiene el principal mérito de que mejora el funcionamiento del sistema político, avanzando hacia un esquema que va a poner fin a la dañina fragmentación de partidos que hoy hace virtualmente imposible la negociación parlamentaria y la búsqueda de acuerdos para aprobar nuevos proyectos de ley. En el ámbito económico y social, esto es de vital importancia, ya que en el contexto actual resulta prácticamente imposible aprobar reformas que son fundamentales para que la economía chilena pueda recobrar el dinamismo perdido, adaptándose a los requerimientos que impone la nueva economía digital, a la par de otras reformas que son también fundamentales para consagrar un genuino Estado social y democrático de derecho, que junto con permitir la provisión estatal de ciertos servicios básicos (previsión, salud, educación), otorga a los ciudadanos la opción de elegir la alternativa de su preferencia. Esto, sumado al establecimiento de una agencia autónoma encargada de evaluar políticas públicas y de un nuevo ordenamiento para la contratación de personas en el sector público, por citar dos ejemplos de innovaciones que se están introduciendo, definitivamente le van a imprimir una nueva dinámica a nuestro ordenamiento institucional.
Es cierto que hay contenidos que son ampliamente discutibles -y que de hecho no deberían formar parte de una Carta Magna-, como es el caso de las exenciones al pago de contribuciones. Pero, a fin de cuentas, no se debe perder de vista que la elección de diciembre no será entre dos utopías, sino que entre dos realidades, y desde esta perspectiva, la alternativa propuesta por el Consejo Constitucional representa un avance sustantivo respecto de la Constitución que hoy nos rige. Por eso, votaré “A favor”.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
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