Las reacciones que se produjeron luego de conocerse que en agosto el Imacec experimentó una decepcionante caída de 0,9 por ciento, en circunstancias de que las expectativas apuntaban a una variación positiva que iba a fortalecer el cambio de tendencia que se venía insinuando, son el reflejo de un divorcio entre las expectativas y la realidad.
La angustia ciudadana por la frágil situación económica imperante, acentuada por una tasa de desempleo que sigue al alza y con una muy insuficiente creación de nuevos puestos de trabajo, dan cuenta de que más allá de las cifras de corto plazo, la “economía profunda” de nuestro país -esa que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio con empresarios y emprendedores de todos los tipos y tamaños, en los más diversos sectores productivos, con trabajadores formales e informales que día a día deben luchar para defenderse de la inflación-, se encuentra en una situación muy debilitada.
Esta realidad es más fuerte que las explicaciones entregadas por el ministro Marcel para el Imacec de agosto, centradas en la evolución que registró el sector servicios, y particularmente el de la educación, que se vio afectada negativamente como consecuencia de la paralización de actividades ocurrida en ese mes. Sin desconocer la lógica aritmética de esas conclusiones, centrarse en esta mirada corta impide captar la magnitud del problema de fondo. Hay una alta probabilidad de que el PIB de este año cierre con una variación negativa, lo cual sería la primera vez que ello ocurre, post 1990, en ausencia de una crisis que gatille un ajuste recesivo. Las proyecciones de la Cepal indican que Chile, Argentina y Haití serán los únicos países de la región latinoamericana que experimentarán una contracción en sus niveles de actividad económica durante este año.
En otros tiempos líder regional, esta nueva realidad da cuenta de un problema en nuestro país que va mucho más allá de las explicaciones puntuales que se puedan utilizar como justificación. Lo que se observa es un estancamiento y un deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve la “economía profunda” de Chile, reflejada en una pérdida del potencial de crecimiento, agravada por una burocracia de permisos y autorizaciones que termina siendo paralizante, como lo ha reconocido el propio ministro Marcel. Estos son los problemas más acuciantes que enfrenta la economía chilena, y no se van a resolver ni con un presupuesto fiscal más expansivo ni tampoco con una reforma tributaria que asfixie la iniciativa privada.
Lo fundamental va a ser soltar amarras para que la capacidad emprendedora de los chilenos pueda desplegarse con su máximo potencial en todos los ámbitos -y especialmente en las áreas donde hay una oportunidad única para aprovechar-, debiendo el Estado concentrar sus esfuerzos desempeñando un rol eminentemente facilitador, y no sustituyendo al sector privado en su rol empresarial.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo
